Este martes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación con El Salvador porque “el estado de derecho y el orden constitucional están siendo socavados” a medida que el Gobierno de Nayib Bukele implementa medidas para combatir la propagación de la Covid-19.
“El derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la Covid-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales. Estas deben además estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, señaló Bachelet en un comunicado.
“También debe haber supervisión judicial y legislativa vinculante para el poder Ejecutivo, y el Ejecutivo debe acatarla. Me preocupa que este no ha sido el caso en El Salvador y que el Gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del estado de derecho”, agregó.
El Órgano Legislativo del país declaró una emergencia nacional en marzo, introduciendo algunas restricciones en cuanto al tránsito y reuniones públicas. También estableció ciertas medidas, sin especificar las penalidades para quienes no cumplieran con éstas. El presidente Nayib Bukele ordenó la cuarentena domiciliar el 21 de marzo. Es desde entonces –señaló la Alta Comisionada- que las fuerzas de seguridad han estado “arrestando a personas por presuntamente no cumplir la cuarentena domiciliar”.
“Según los informes, las personas detenidas han sido trasladadas a sedes policiales, centros de cuarentena e instalaciones improvisadas, y detenidas en condiciones a menudo de sobrepoblación y poco higiénicas hasta por 30 días. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha reportado 149 casos de presuntas detenciones arbitrarias, incluyendo casos de violaciones al uso de la fuerza y malos tratos, del 21 de marzo al 13 de abril”, reporta en el comunicado publicado este día.
Asimismo, reitera que el Gobierno “ha ignorado reiteradas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de abstenerse de implementar medidas para hacer cumplir la cuarentena domiciliaria sin una ley debidamente adoptada por la Asamblea Legislativa”.
“Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19 y que pongan inmediatamente en libertad a todos los detenidos arbitrariamente luego de haber sido examinadas médicamente”, expresó.
Michelle Bachelet advirtió que “el incumplimiento de las decisiones de la Sala de lo Constitucional equivale a una falta de observancia de la Constitución y una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la igualdad de todas las personas ante la ley”.
Por otra parte, la Alta Comisionada también expresó su preocupación por los mensajes públicos del presidente Nayib Bukele que «estigmatizan» a los periodistas, a los defensores de derechos humanos y las instituciones que buscan defender las libertades fundamentales y el estado de derecho.
“La diseminación de información verificada y basada en hechos sobre la Covid-19 y las medidas necesarias para combatirla, es crítica para evitar el pánico, asegurar la confianza del público y salvar vidas. Los periodistas deben poder informar de forma integral sobre la pandemia y la efectividad de las medidas gubernamentales, sin temor ni censura. Recuerdo a las autoridades que las críticas no son un delito”, acotó.
#ElSalvador – @mbachelet preocupada por la erosión del estado de derecho en medio de las medidas para la #COVID19
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— OACNUDH (@OACNUDH) April 21, 2020