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Con el fin de establecer las condiciones que permitan el otorgamiento de créditos para actividades productivas, con requisitos que no sean un obstáculo para el acceso al crédito en las instituciones financieras, independientemente sean o no sujetas a la regulación emitida por el Banco Central de Reserva de El Salvador, la Asamblea Legislativa emitió la Ley Especial para Facilitar el Acceso al Crédito a las micro y pequeñas empresas.

Mediante esta nueva normativa, se establece el crédito de bajo monto, los cuales serán de hasta diez salarios mínimos del sector comercio y servicios, así como la apertura a las personas que no cuentan con algún tipo de garantía y carece de historial de crédito en instituciones financieras para que puedan ser sujetas a crédito.

Para el otorgamiento de créditos de bajo monto, las instituciones financieras deberán simplificar en 3 requisitos: Documento Único de Identidad (DUI), una declaración de destino de fondos y las generales del solicitante del crédito.

No obstante, las instituciones financieras podrán solicitar información complementaria, pero no podrán exigir documentos como solvencias tributarias, solvencias municipales u otros que no sean necesarios para el análisis de crédito.

En este contexto, el diputado Francisco Merino del PCN sostuvo que la iniciativa en mención pasó por un proceso de consultas en la Comisión Financiera: “Consultamos con todos los actores principales del sector financiero del país para encontrar una redacción de consenso que haga posible que las personas que nunca han podido calificar en el sistema financiero para acceder a los diferentes fondos que están disponibles para micro y pequeña empresa ahora tengan la facilidad de acceder, ya que lamentablemente, por las normativas existentes, no era posible que la inmensa mayoría de salvadoreños fueron sujetos de crédito”.

Por su parte, la diputada Sonia López de GANA refirió que esta normativa permitirá que los emprendedores, micro y pequeña empresa que se han visto afectados por la crisis por la pandemia del COVID- tengan acceso al crédito formal y ya no tengan que buscar a los usureros.

Precisamente, con esta nueva normativa, también se busca evitar que los salvadoreños sigan siendo víctimas de la usura, sino que pasen a ser parte del sector crediticio formal, beneficiando así en la economía de las familias salvadoreñas, a la vez que se incentiva la inversión en el país.

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