El integrante del partido Vamos, Roberto Ocampo, este día interpuso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) un recurso de apelación en contra de la alcaldía de San Salvador por haberle negado información del proyecto de videovigilancia Smart City, adjudicado a la empresa EyeTech Solutions (ETS).

El pasado 19 de febrero, Ocampo solicitó esta información pero la comuna, liderada por Ernestro Muyshondt, se la negó. La solicitud surgió, según ha explicado Ocampo, porque «el proceso de licitación no ha estado exento de cuestionamientos».

En concreto, lo que el miembro de Vamos desea obtener es: el contrato del servicio de videovigilancia y cualquier anexo al contrato, el acuerdo municipal para contratar el servicio de videovigilancia, la ordenanza municipal donde se establece la tasa a cobrar por el servicio, el expediente de la licitación para otorgar el servicio de videovigilancia y los expedientes de las empresas que participaron en la licitación.

La alcaldía respondió que en cuanto al contrato de servicios esa información es «reservada», porque podría poner «en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública»; mientras que sobre la ordenanza municipal de la tasa a cobrar dijo que esta aún «no existe, pues el proyecto se encuentra en fase de diseño”, esto pese a que el 2 de marzo el edil informó que se cobrará un impuesto del 4 % y será cobrado, en su mayoría, a viviendas de “clase alta” y a empresas.
Sobre las demás peticiones, la alcaldía no hizo ningún tipo de comentario.

Ante esto, Roberto Ocampo pidió al IAIP que se admita el recurso de apelación y se entregue la información solicitada. «A nosotros nos preocupa desde el momento que un periódico digital hizo un reportaje sobre la relación que hay entre la prensa ganadora y Nayib Bukele, que empezó en su gestión en la alcaldía de San Salvador y ahora logra concretarse un contrato millonario con Ernestro Muyshondt», declaró el excandidato a la vicepresidencia de la República.

Sus declaraciones hacen referencia a una publicación de Revista Factum, que revela que el ahora presidente de la República tiene una amistad con el dueño de la empresa ETS y que cuando fue alcalde votó para otorgar un contrato a esta empresa, pero no obtuvo el apoyo de su concejo municipal, pues argumentaron que había un «conflicto de interés». Fue hasta hace unas semanas que Muyshondt logró otorgárselo.

El proyecto de videocigilancia cuenta con 1,335 cámaras, 420 postes nuevos más otros que se puedan utilizar para esos efectos, fibra óptica y conexión inalámbrica. El proyecto tendrá un costo de $84 millones a lo largo de 15 años, con una mensualidad de aproximadamente $400,000.

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