Ayer se venció el plazo que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dio al director general de Centros Penales, Osiris Luna, para revelar la información de financiamiento de viajes, esto tras un vuelo en jet privado que realizó el funcionario el año pasado.
Luna no entregó la información y, según un documento al que la Red Informativa de ARPAS tuvo acceso, acudirá a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ésta apruebe la no entrega de la información.
«Ante la inconformidad de la DGCP por la resolución emitida (del IAIP) y dado que en este acto se ha agotado esta vía, por este medio se informa y pone aviso a su autoridad que se hará uso de la vía de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a fin que con base en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo se resuelva conforme a Derecho…», reza el documento.
«Lo anterior, en vista que el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública no establece dentro de los entes obligados para la divulgación de información el supuesto de gobiernos extranjeros que administren sus propios fondos, ni el de Organización No Gubernamental que, en igual sentido, administre sus recursos financieros, pues su naturaleza no corresponde a la de una entidad pública que administre fondos del erario público de El Salvador…», agrega.
En concreto, Luna pide a lo Contencioso Administrativo que no se inicie un proceso sancionatorio “hasta que se tenga certeza” de la decisión definitiva.
El pasado 22 de enero, el IAIP ordenó la entrega de un informe con los costos y origen del financiamiento de los viajes oficiales autorizados y realizados en el exterior del director de Centros Penales, esto tras una solicitud de información de un miembro del partido Nuestro Tiempo.
«De conformidad con el artículo 10 y el lineamiento dos <<Para la publicación de información oficiosa>> en su artículo 1.11, este instituto estableció: cuando los viajes sean costeados por medio de cooperantes ajenos al ente obligado y no sea posible determinar desde la institución pública el valor exacto de los gastos incurridos, deberá determinarse que el viaje se costeó con fondos de cooperación y la institución que los financió. Facilitar esta información pública no requiere bajo ningún concepto autorización del financista», indicó la institución.
El pasado 10 de noviembre de 2019 salieran a la luz fotografías donde se apreció al funcionario a bordo de un jet privado en compañía de una mujer, la cual, según él, era su “asistente”. Tras las criticas en redes sociales y formarse el hashtag «Quién le pagó el viaje a Osiris Luna», el funcionario dijo que cometió “un error” al publicar la imagen y que ese viaje fue una invitación hecha por México. Sin embargo, otro medio de comunicación pidió información al gobierno mexicano y éste se desligó, agregando que no tiene en sus registros dicha invitación o visita.
Parte del documento presentado por los abogados de Osiris Luna/ cortesía ARPAS