Luego que un medio de comunicación diera a conocer que la exdiputada del PCN, Cristina López durante ocho meses cobró $2 mil mensuales en la Asamblea Legislativa pese a vivir en Estados Unidos, hoy el presidente de este Órgano de Estado y también diputado de ese partido, Mario Ponce, aseguró que le pedirán que devuelva el dinero.
Según una nota periodística de EDH, Cristina López trabajaba como “colaboradora administrativa” aparentemente desde mayo de 2019 y cobró hasta diciembre de ese año. La información fue confirmada por el jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz.
Según Almendáriz, López asesoraba a la fracción en el tema de deportes pero “al enterarse de que se había ido a EE.UU.” le suspendieron la plaza.
Este día a Mario Ponce se le preguntó cómo era posible que nunca se enteraron que devengaba un salario si no estaba en el país, a lo que él respondió, pese a ser parte del partido: “Esa es una respuesta que la debe dar el grupo parlamentario, no yo, porque es él quien administra el recurso humano para la fracción”.
Según el veterano diputado del PCN, él se dio cuenta de esa situación hasta que asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa, en noviembre del año pasado.
“Inmediatamente llegó este servidor, en noviembre detectó esa anomalía y solicité a la instancia correspondiente que se busque la forma que esta persona regrese ese dinero, porque ese es un fraude al Estado y esté donde esté tiene que pagar ese dinero”, indicó.
Por su parte, el jefe de fracción del partido dijo que ellos se dieron cuenta que ya no estaba en el país “por otros medios” y que “fue un error de atenimiento” no tener el control de la plaza de la exdiputada.
Cabe destacar que en 2018 ya se había informado que la exfuncionaria fue contratada como asesora, por lo que se desconoce si era la misma plaza.
Por este caso, el Fiscal General, Raúl Melara, en horas de la mañana aseguró que abrirá una investigación.
Cristina López fue diputada de la legislatura 2015-2018 y en el último año se caracterizó por quejarse de su fracción, pues supuestamente no era tomada en cuenta en la toma de decisiones. Asimismo, se vio envuelta en una controversia pues fue señalada de promover una interpretación auténtica a un artículo de la Ley de Escuchas Telefónicas que beneficiaría al empresario prófugo Enrique Rais. El entonces Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que la iniciativa promovida por López “mutilaba la ley”.