En conferencia de prensa, el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Jorge Shaffick Hándal, informó que la Comisión especial encargada de investigar los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero, donde el presidente de la República, Nayib Bukele, militarizó la Asamblea Legislativa, buscará emitir dictamen favorable para certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre funcionarios del Gobierno que cometieron algún tipo de delito por dichos hechos.
“Vamos a tener una reunión la comisión especial para investigar todos los hechos acaecidos antes, durante y después del 9 de febrero y las implicaciones que estos han generado (…) ya tenemos elaborado un informe final que ha estado esperando que pasara el antejuicio contra el director de la PNC (Arriaza Chicas) para no complicar las cosas, sino dejar que todo fluyera normalmente, ahí hay señalamientos precisos para al menos 3 funcionarios”, señaló Hándal.
Tras los hechos, Hándal ha afirmado que el país “fue testigo de un golpe de Estado a la institucionalidad”, con una “clara intención de someter a un Órgano de Gobierno”. “El objetivo era someter a un control total del Ejecutivo todo lo que se refiera al Estado. Si bien el presidente fue electo por un mecanismo democrático, su comportamiento está lejos de lo que le ofreció a la población”, opinó.
Por su parte, el diputado por GANA, Guillermo Gallegos, confirmó que en el informe pretenden procesar al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy.
“Ellos quieren en su informe acumularles una serie de delitos, cosa que no procede porque ya hay una resolución de la Sala sobre este tema (…) yo desconozco los delitos y todo lo hacen sin que yo me dé cuenta, pero tengo de alguna manera información pero sé que lo están haciendo”, aseguró Gallegos.
El pasado 9 de febrero, militares de la Fuerza Armada (FAES) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) entraron al salón de sesiones de la Asamblea Legislativa, donde estaba convocada una sesión extraordinaria para discutir y aprobar un préstamo por $109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE), para financiar un plan de seguridad contra las pandillas (Plan Control Territorial).
La Sala declaró inconstitucional dicha convocatoria y pidió a la Fuerza Armada y PNC limitarse a ejercer sus funciones constitucionales.
En la Comisión de la Asamblea ya han comparecido Arriaza Chicas y Merino Monroy, ambos han señalado que han actuado “conforme a la Ley”.