Trabajadores del Sistema Integral de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) realizaron una protesta esta mañana contra dicha empresa tras 9 meses de no percibir salarios y no exista ninguna solución a su situación.

A raíz de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, el SITRAMSS dejó de funcionar y hasta ahora no ha vuelto a operar. “No nos han dado ni una notificación, ni una llamada, si seguimos contratados o despedidos, nada. Si no va a abrir la empresa, que nos cancelen las deudas, trabajamos meses sin salarios, la justificación en su momento era la baja demanda de personas, les dimos la razón, pero ya pasó mucho tiempo y ya no nos volvieron a depositar”, explicó Andrés Reyes, uno de los trabajadores afectados.

Otro de los trabajadores señaló que aproximadamente a 20 personas que laboraban en las oficinas se les indemnizó desde el inicio de la cuarentena, pero a ellos no les han informado nada, adeudándoseles casi $2,700 en salarios y más de $100,000 si se toman en cuenta las indemnizaciones correspondientes em caso de formalizar el despido.

El Comité de Trabajadores de la Unión de Empresas SIPAGO (concesionaria de los buses) y SITRAMSS, informó que en total son 60 trabajadores los que se encuentran en incertidumbre, tras el cierre de operaciones dado el 6 de mayo.

También denunciaron que la Junta Directiva mantiene guardadas las unidades en la ex estación FENADESAL, en San Salvador, permitiendo que entren mecánicos a darle mantenimiento a los automotores. Según ellos, están preparando la venta de los buses articulados a una empresa operadora de Guatemala, Trans-metro, «sin garantizar la continuidad laboral de los actuales empleados».

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y Viceministerio de Transporte han hecho llamados para que reinicen las operaciones pero estos no han sido atendidos.

En este sentido, los empleados que protestaron este lunes pidieron a los representantes de la Junta, conformada por Pedro Luis López, Eduardo Villanueva y el Coronel Carlos Avilés, el pago inmediato de los salarios adeudados, antes de irse del país o vender los buses articulados.

El SITRAMSS inició operaciones en diciembre del 2013, con la inversión de dos empresas, SIPAGO y SUBES, vinculadas al partido FMLN. Tenían dos carriles exclusivos que hacía que su circulación fuera rápida.

Sin embargo, en junio de 2019, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente el uso del carril, dado que el Gobierno de izquierda no pidió la autorización de la Asamblea Legislativa, el único Órgano de Estado que avala las concesiones de bienes públicos y estatales.

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