Luego que el miércoles el fiscal general de la República, Raúl Melara, revelara que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) la que encontró «indicios de irregularidad» en las compras realizadas por la pandemia del COVID-19 y por eso han comenzado de lleno las investigaciones, este día el ministro de Salud, Francisco Alabí, se defendió y aseguró que solo fue “un miembro de la CICIES quien puso la denuncia”.
«Es un miembro de la CICIES, no es la CICIES como tal quien puso la denuncia, la CICIES nos dio un primer informe que dice el análisis de los casos», aseguró el ministro de Salud en una entrevista de canal 12.
El funcionario dijo que “desde el primer momento la CICIES ha estado acompañando” y que para ellos, el Gobierno central, “la transparencia es importante” y por eso han dejado que la Comisión se haga presente “a ver todo el proceso de lo que se ha utilizado en esta pandemia».
Ayer, el fiscal general declaró que los allanamientos, que se han realizado desde el lunes en el Ministerio de Salud y otras instituciones y empresas proveedoras del Estado, son «el primer resultado del convenio de cooperación que tenemos con la CICIES». «La CICIES llevó a Fiscalía General los primeros indicios de irregularidades bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondo», declaró Melara en una entrevista de TCS.
La cuenta de Twitter de la FGR retomó en un tweet las declaraciones y la cuenta oficial de la CICIES (OEA_CICIES) replicó, por medio de un retweet, esa información.
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Sin embargo, Alabí afirmó que ellos tienen un «informe» de la CICIES y ahí no dice que hay irregularidades, sino “errores de forma que pueden suceder en el día a día porque es una urgencia en que las condiciones de compra estuvieron de manera extraordinaria”. «¿Y por qué van a suceder estos errores? Primero porque es una urgencia, en las cuales, las condiciones de compra dentro de la emergencia estuvieron de manera extraordinaria, o sea, no se había experimetado una situación o una crisis sanitaria como la que se está viviendo ante el covid en el país y esos eventos extraordinarios hacen que se trabaje durante mucho tiempo, extensas jornadas y estos procesos pueden llegar a tener errores de forma, pero no de fondo», justificó.
«Las conclusiones que motivaron a este miembro de la CICIES a interponer una denuncia, en calidad personal, son apresuradas, porque se hacen sobre la base de procedimiento en ejecución, está emitiendo una valoración cuando no debería de hacerse de esta manera», acusó el funcionario.
Al salir de la entrevista, periodistas le pidieron el nombre de la persona de la CICIES a quien él está acusando y este respondió que «no se puede revelar la identidad de la persona porque está proceso de investigación».
Por otra parte, el ministro de Salud criticó a la Fiscalía por los allanamientos en la sede central de la institución que dirige, pues, así como otros funcionarios del Gobierno central, asegura que los fiscales llegaron “fuertemente armados” y no presentaron la orden del juez.
«Lo que nos parece irregular es que no es el procedimiento, el exceso de violencia, tener que abrir las puertas a la fuerza. El hecho de no entregar ni notificar la orden del juez, hacerlo de manera prepotente, no permitir al personal de salud estar presente en lo que estaban haciendo», dijo. Desde el lunes, el director contra la corrupción y la impunidad de la FGR, Germán Arriaza, informó que las órdenes de allanamientos fueron emitidas por el Juzgado Décimo Tercero de Paz y este ente judicial lo confirmó ayer.
Agregó que ellos no están “en contra de que se realicen las investigaciones”, pues ellos han “dado la pauta para que se lleven a cabo, pero la función de la Fiscalía es evidenciar la existencia de un delito y no la auditoría de los procesos a realizar».
En junio, la Fiscalía anunció que abrió una investigación sobre la compra de protectores faciales que hizo Salud a una empresa del entonces presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar, por $250 mil.
Diversos medios de comunicación, dedicados al periodismo de investigación, han revelado otras posibles procesos irregulares, como la compra de botas para médicos, por un monto de $225 mil, a una empresa de la familia del ministro Francisco Alabí.
