Luego que se conociera que el juez del caso El Mozote, Jorge Guzmán, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la posible comisión de delitos de parte del presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, por los bloqueos a la inspección de archivos militares, el funcionario de la institución castrense reaccionó este martes insistiendo que ellos han “respetado a las instituciones y la ley” en este proceso.
“Es un país en democracia donde se respeta cada una de las instituciones y nosotros vamos a dar cumplimiento a cualquier caso que se presente y dejar que las instituciones hagan su trabajo”, dijo Monroy en declaraciones a la prensa.
Los periodistas volvieron a señalarle que el juez ha certificado posibles delitos y este volvió a insistir: “Nosotros no haríamos nada que este fuera de la ley, ya lo dijo el señor presidente y esa es la línea que nosotros mantenemos, siempre el respeto a la ley”.
Pese a que era una orden judicial, y por tanto de estricto cumplimiento, la Fuerza Armada negó seis veces el acceso a las diversas instalaciones militares para realizar las inspecciones. El mismo presidente de la República, Nayib Bukele, en cadena nacional y conferencias de prensa, dijo que no permitirían el acceso e incluso desconoció al juez, al tiempo que lo acusó a él y al abogado de las víctimas, David Morales, de responder a intereses políticos.
Sin embargo, Merino Monroy volvió a afirmar este martes que la “ley es la que les permite actuar como actuaron”, sin especificar qué artículos de la Constitución u otro marco legal los ampara.
Los delitos que la querella del caso y el juez han pedido investigar contra ellos son: Actos arbitrarios, Incumplimiento de deberes, Desobediencia y Encubrimiento de parte de la Presidencia.
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“Respetamos la libertad de las atribuciones que tiene cada una de las instituciones y nos vamos a someter a todo lo que tengamos que hacer, porque somos respetuosos de la ley. Estamos respetando cada una de las determinaciones o actividades que haga cada una de las otras instituciones y nosotros seguimos respetando la ley”, agregó el titular de Defensa.
El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
POR CAROL MORALES Y LIGIA CORNEJO