Organizaciones no gubernamentales expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Rafael López, un comerciante y molinero de 53 años que murió mientras permanecía detenido bajo el régimen de excepción en El Salvador.
Durante una audiencia pública celebrada el 26 de octubre, su hermano, Pedro López Castellón, relató que Rafael fue arrestado el 8 de abril de 2022 en su vivienda y molino, en Jucuapa, Usulután Norte, pese a padecer insuficiencia renal y cardiaca crónica.
Según su testimonio, el detenido fue trasladado inicialmente a las bartolinas de Usulután y posteriormente al penal de Mariona. Su familia conoció su fallecimiento hasta el 8 de agosto de ese año, aunque habría ocurrido el 1 de junio.
López afirmó que encontró el cuerpo en registros forenses y que, tras gestionar su exhumación, pudo darle sepultura en Jucuapa el 18 de septiembre de 2022. También denunció presuntas agresiones físicas y falta de información sobre el paradero de su hermano.
La audiencia se desarrolló en el marco del 197 período de sesiones de la CIDH, donde organizaciones han presentado denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. El Gobierno salvadoreño, por su parte, defiende la medida como parte de su estrategia contra las pandillas y la reducción de los homicidios.