La magistrada federal Stephanie Gallagher concluyó que el Gobierno no estuvo sustancialmente justificado al expulsar a un venezolano que estaba protegido por un acuerdo judicial sobre solicitudes de asilo.
MARYLAND.— El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) deberá pagar $164,527.70 en honorarios y gastos legales derivados del caso de un venezolano identificado judicialmente como “Cristian”, quien fue deportado a El Salvador y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en marzo de 2025.
La decisión fue emitida el 8 de septiembre por la jueza federal Stephanie A. Gallagher, del Distrito de Maryland, dentro de una demanda colectiva que protege a determinados solicitantes de asilo que llegaron a Estados Unidos como menores no acompañados.
Gallagher determinó que la expulsión de Cristian incumplió las condiciones del acuerdo judicial que protegía a los integrantes de esa clase. El Gobierno había argumentado que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros le permitía efectuar la deportación, pero la jueza rechazó esa interpretación.
El tribunal también cuestionó que las autoridades hubieran sostenido que el venezolano pertenecía al Tren de Aragua, señalamiento que, según la resolución, no justificaba su expulsión sin el procedimiento contemplado en el acuerdo.
Cristian permaneció varios meses en El Salvador antes de ser trasladado a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. Posteriormente, sus abogados volvieron a establecer contacto con él.
La resolución establece $160,823.09 en honorarios de abogados y $3,704.61 en gastos, para un total de $164,527.70. La suma corresponde a costos legales del litigio y no constituye una indemnización directa para el migrante.
La jueza concluyó que la posición general del Gobierno durante el litigio no estuvo sustancialmente justificada, al considerar que carecía de una base razonable en los hechos y en el derecho.