Una nueva regulación del Gobierno de Estados Unidos modificará, desde el 18 de septiembre de 2026, la forma en que las autoridades migratorias determinarán si un solicitante de visa de inmigrante o residencia permanente podría convertirse en una “carga pública”.
La normativa permitirá considerar una gama más amplia de factores y beneficios públicos, entre ellos SNAP, WIC, Medicaid, asistencia para vivienda y determinados programas de alimentación, cuidado infantil y educación, siempre que estén sujetos a comprobación de recursos económicos.
Sin embargo, recibir alguno de estos beneficios no implicará automáticamente el rechazo de una Green Card. Los oficiales deberán evaluar cada caso de manera individual y tomar en cuenta factores como la edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación, empleo y habilidades del solicitante.
La regulación, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 20 de julio en el Federal Register, reemplazará las reglas vigentes desde 2022 y otorgará mayor discreción a los funcionarios para analizar la situación financiera y personal de cada inmigrante.
Los beneficios recibidos por familiares, incluidos hijos ciudadanos estadounidenses, generalmente no serán atribuidos al solicitante, aunque existen excepciones cuando esos recursos representan una fuente de apoyo económico para quien busca el beneficio migratorio.
La medida se aplicará principalmente a personas sujetas legalmente a la evaluación de carga pública. Diversas categorías migratorias, como determinados refugiados, asilados, beneficiarios de visas T y U, autopeticionarios bajo VAWA y jóvenes inmigrantes especiales, están exentas.
DHS aclaró que la nueva regulación no modifica los requisitos para acceder a programas como SNAP o Medicaid ni significa que los residentes permanentes perderán automáticamente su Green Card por recibir asistencia pública.