La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que extiende de cinco a siete años los períodos de los principales cargos de elección popular y funcionarios del Estado.
La modificación también establece que quienes sean considerados “traidores a la patria” no podrán postularse a cargos públicos, ejercer funciones estatales ni integrar las directivas de organizaciones políticas. Esta denominación ha sido utilizada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores y críticos.
La nueva disposición incluye a personas señaladas de promover una intervención extranjera, respaldar sanciones contra Nicaragua o participar en acciones consideradas por el Gobierno como intentos de desestabilización. Según el reporte, 452 opositores o críticos desnacionalizados han sido incluidos bajo esa calificación.
La reforma contempla que los períodos de los copresidentes, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, además de otros altos funcionarios, pasen a ser de siete años.
El cambio también modifica el calendario electoral: las elecciones generales, previstas inicialmente para noviembre de 2026, fueron trasladadas a noviembre de 2027.
Para que las reformas entren plenamente en vigor deberán recibir una segunda aprobación legislativa durante la próxima legislatura, que comenzará en enero de 2027. Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y actualmente comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo.