El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador ordenó que un inmueble ubicado en la urbanización El Molino, en San Miguel, tres vehículos y $9,587 pasen a propiedad del Estado, tras determinarse su vinculación con actividades ilícitas de una estructura de crimen organizado de la zona oriental.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República presentó pruebas que establecieron que el dinero y el inmueble eran productos indirectos de actividades ilegales atribuidas a Guadalupe Adalberto Orellana Gómez.
Las autoridades también determinaron que los tres vehículos fueron utilizados por integrantes de la estructura para cometer hurtos en instituciones financieras de San Miguel, Usulután y La Unión entre marzo y agosto de 2020.
Uno de los automotores y el dinero fueron incautados durante un allanamiento realizado el 4 de agosto de 2020 en la vivienda de Orellana, ubicada en la colonia El Molino, San Miguel. La Fiscalía además incorporó como prueba la certificación del expediente judicial correspondiente.