La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que el sistema judicial de Guatemala enfrenta una “crisis profunda”, tras evaluar la situación institucional del país centroamericano.
Durante una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, la experta señaló que diversos factores han debilitado la independencia judicial y han generado una situación que calificó como “crítica” para el funcionamiento del Estado de derecho.
Entre los principales problemas identificados mencionó la presunta instrumentalización de la justicia, la concentración de poder y acciones que, según indicó, han derivado en persecución contra operadores judiciales.
Las conclusiones fueron presentadas al divulgar el informe final de la visita que realizó al país en mayo de 2025, cuando permaneció durante 12 días evaluando el funcionamiento del sistema de justicia.
Durante su misión, la relatora sostuvo reuniones con jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, además de autoridades de los tres órganos del Estado. Las reuniones se realizaron tanto en la capital como en los departamentos de Quetzaltenango y Alta Verapaz.
Satterthwaite también expresó preocupación por el papel del Ministerio Público de Guatemala, al señalar que la información recopilada apunta a la existencia de una política de criminalización contra algunos operadores de justicia.
Pese al diagnóstico, la relatora manifestó que aún existe la posibilidad de revertir la situación institucional, destacando que la Constitución guatemalteca ha permitido en el pasado fortalecer el respeto al marco legal.
Asimismo, subrayó que las próximas designaciones de altos cargos judiciales serán determinantes para el futuro del sistema de justicia del país, entre ellas la elección de nuevas autoridades en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y el nombramiento del próximo fiscal general que sustituirá a la actual titular del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta.
Según la experta, estos procesos previstos para 2026 podrían definir si se consolidan los actuales problemas institucionales o si se avanza hacia su corrección.