Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua de utilizar recursos públicos para financiar la persecución política contra opositores, tanto dentro del país como en el extranjero.
Las conclusiones forman parte de un nuevo informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, en el que se sostiene que el Estado habría destinado fondos originalmente asignados a programas sociales y otros proyectos públicos para sostener operaciones de represión.
Según el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, la persecución política sería financiada directamente por el Estado y ejecutada mediante sus instituciones. “La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras”, señaló en una declaración.
El informe analiza la situación del país desde 2018, año en que estallaron protestas estudiantiles contra el gobierno que fueron reprimidas con violencia. A partir de ese momento, los expertos señalan que se habría creado una estructura paralela dentro del partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), utilizada para canalizar recursos hacia operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades políticas.
La investigación, basada en decenas de entrevistas y evidencia documental, también describe la existencia de una red de vigilancia e inteligencia que operaría fuera del territorio nicaragüense para monitorear y presionar a opositores que viven en el exilio.
De acuerdo con el documento, esta red estaría integrada por diversas instituciones estatales, entre ellas el ejército, la policía, autoridades migratorias, la entidad reguladora de telecomunicaciones TELCOR, misiones diplomáticas y operadores vinculados al partido gobernante.
El informe denuncia además el uso de vigilancia digital, ataques informáticos y la divulgación de datos personales para intimidar a personas críticas con el gobierno.
Entre los funcionarios mencionados figura el actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke Whitaker, quien presuntamente habría formado parte de un grupo de alto nivel encargado de coordinar acciones de represión transnacional mientras desempeñaba cargos diplomáticos entre 2021 y 2023.
Los expertos también alertaron sobre medidas adoptadas por el gobierno encabezado por Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, señalando que 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y que miles de exiliados permanecen en condición de apatridia debido a la negativa de las autoridades a renovarles documentos o permitir su retorno al país.
Ante esta situación, el grupo de expertos instó a la comunidad internacional a impulsar mecanismos que permitan garantizar la rendición de cuentas. Entre las medidas propuestas figuran la aplicación de la jurisdicción universal para investigar crímenes internacionales, la protección de las personas exiliadas y la imposición de sanciones selectivas contra los responsables.