La Asamblea Legislativa ratificó este martes, en una segunda sesión plenaria, dos reformas a la Constitución de la República: una para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otra para eliminar el porcentaje mínimo del presupuesto asignado al Órgano Judicial.
Los diputados completaron el proceso de ambas reformas en menos de siete horas, en una jornada que inició poco después del mediodía y concluyó a las 6:55 p. m.. Cerca de las 6:00 de la tarde, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, afirmó contar con las constancias de publicación en el Diario Oficial de los acuerdos de reforma constitucional número 4 y 5, correspondientes a los artículos 208 y 172 de la Carta Magna, respectivamente. Con base en ello, solicitó introducir la ratificación de ambos acuerdos aprobados horas antes.
La dispensa de trámites y la ratificación de la reforma al artículo 208, relativa al TSE, fue aprobada con 57 votos a favor y tres en contra, estos últimos de Arena y Vamos.
La reforma establece que los cinco magistrados del TSE durarán seis años en sus funciones, en lugar de cinco. De manera transitoria, el periodo de los actuales magistrados, iniciado el 26 de septiembre de 2024 y que finalizaba el 1 de julio de 2029, concluirá anticipadamente el 1 de julio de 2027, con el objetivo de sincronizarlo con el periodo presidencial.
La segunda reforma ratificada modifica el artículo 172 de la Constitución y elimina la obligación de asignar al Órgano Judicial al menos el 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. En su lugar, se establece que el Órgano Judicial dispondrá anualmente de una asignación presupuestaria “según las necesidades razonables que dicha institución presente”.
Las reformas fueron duramente cuestionadas por diputados de oposición, quienes las calificaron de inconstitucionales e ilegítimas, y advirtieron que ponen en riesgo la independencia judicial.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señaló que las reformas no han sido publicadas materialmente en el sitio web del Diario Oficial, cuyo último número disponible data del 10 de diciembre. “No es válido hacer una ratificación de los acuerdos aprobados en este mismo día. ¿Cuál es la prisa?, ¿cuál es el miedo?”, cuestionó Ortiz, quien sostuvo que el procedimiento es “inconstitucional, ilegítimo e ilegal”.
Por su parte, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, defendió el mecanismo de ratificación, amparándose en la reforma al artículo 248 de la Constitución, que permite realizar reformas constitucionales en una sola legislatura. Según Callejas, se cumplieron los requisitos constitucionales y existe certificación del Diario Oficial.
Ortiz respondió que Callejas no atendió el señalamiento sobre la falta de publicación efectiva, y subrayó que este paso es un requisito indispensable para la validez y legalidad del proceso de reforma constitucional.
Durante la votación de la segunda reforma, Ortiz reiteró que los cambios aprobados “no son inocentes” y que alteran el diseño básico del Estado de derecho, debilitando los pesos y contrapesos y avanzando hacia una concentración de poder.
La diputada advirtió además que esta reforma podría generar inseguridad jurídica para los inversionistas, al considerar que los jueces podrían verse presionados por posibles recortes presupuestarios que afecten su estabilidad laboral al resolver disputas con el Estado.