Diputados de oposición rechazaron este martes la reforma constitucional que homologó el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al nuevo periodo presidencial de seis años, aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de julio.
Aunque los diputados de Nuevas Ideas presentaron la modificación como un ajuste técnico para sincronizar ambos periodos, legisladores opositores advirtieron que la medida forma parte de una estrategia del oficialismo para concentrar poder y debilitar los contrapesos democráticos, al modificar la duración del mandato del árbitro electoral.
El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), afirmó que la reforma busca “seguir concentrando el poder” y debilita los principios básicos del sistema democrático. “Homologar el tiempo al periodo presidencial ilegal e inconstitucional rompe el principio fundamental de que nadie debe ser juez y parte”, sostuvo.
Arena también emitió un comunicado de prensa en el que advirtió que Nuevas Ideas “ha abierto una puerta peligrosa”, al modificar la Constitución para “ajustar a los árbitros electorales a su medida”. El partido no descartó que, en el futuro, se impulsen cambios que afecten la propiedad privada, los ahorros o los derechos laborales.
En la misma línea, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, cuestionó la independencia del TSE. “De árbitros no tienen nada. Si el partido ya lo tienen pitado”, expresó, y agregó: “Sincérense y díganle a la gente que lo que quieren es que continúen sus cheros como magistrados”.
Desde Vamos, la diputada Cesia Rivas atribuyó la reforma a “un hambre desmedida por centralizar más poder” y criticó la falta de consulta previa. “Todas las reformas han sido para encajar en ese plan de perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. La gente está con hambre y ustedes con banquetes”, afirmó.
La reforma al artículo 208 de la Constitución amplía el periodo de los magistrados del TSE de cinco a seis años, en concordancia con el nuevo periodo presidencial.
El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa reformó la Constitución para extender el mandato presidencial de cinco a seis años y habilitar la reelección presidencial indefinida, cambios que han sido ampliamente cuestionados por la oposición y sectores críticos del gobierno.