Con 62 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud. De acuerdo con la normativa, la compensación a entregar será de $30 mil dólares y se pagará como cantidad única por cada fallecimiento ocurrido que sea acreditado.
Este beneficio se otorgará a familiares de profesionales y trabajadores de la red pública de salud, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que hayan fallecido a consecuencia del COVlD-19 o sus complicaciones, bajo sospechas de COVID-19 y de neumonías atípicas, durante el período comprendido entre el 14 de marzo al 23 de julio de este año.
Para que el familiar (hijos, cónyuge, padre, madre, abuelos, hermanos, sobrinos o tíos) pueda acceder a la compensación, el fallecido deberá formar parte de un registro oficial que genere el Ministerio de Salud, tomando como base la información de todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, mismo que deberá elaborarse dentro del plazo de quince días posteriores a la entrada en vigencia de esta ley.
Los recursos económicos que sean necesarios para otorgar la prestación podrán obtenerse, sin perjuicio de otras, de aportes extraordinarios que por cualquier concepto le otorgue el Estado, herencias, legados y donaciones nacionales o extranjeras en favor del Estado, y susceptibles de ser utilizados para tal fin, donaciones de organismos internacionales o fuentes de financiamiento de préstamos gestionados en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Para el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, esta moción tiene un alto grado de sensibilidad humana. “Hay un principio básico Constitucional: todos los salvadoreños son iguales ante la ley, nadie tiene más derechos por encima de los otros […] no se está exigiendo nada al margen de la ley, se está haciendo justicia en favor de aquellos familiares, de aquella viuda, de aquel huérfano, de aquel padre o madre que perdió a su hijo o hija que estaba prestando servicios en el Sistema de Salud Pública, eso es lo que busca el decreto, por ello debemos de entender que no es una simple propuesta, es una propuesta que genera o está desarrollando un principio de justicia, el Estado debe poner todos sus esfuerzos”, expresó.
Por su parte, la diputada Rina Araujo del FMLN externó su satisfacción al emitir una normativa de este tipo. “A inicios de abril emitimos un decreto para la protección a todo aquel personal de salud que estaba en el momento más difícil de la pandemia, no es hasta el 23 de julio que, a través de una orden de la Corte Suprema de Justicia posterior a un veto superado en la Asamblea, le exigen al presidente de la República se le dé la protección mínima a aquellas personas que han estado trabajando en la pandemia. ¡Honor a quien honor merece!”, recordó.
El partido de Gobierno, GANA, que no dio sus votos, manifestó que sí “es de justicia darles recursos a los familiares de las personas que fallecieron”, pero que para contar con los recursos se debió “escuchar primero al Ministerio de Hacienda y conocer si tienen los recursos necesarios para otorgar esta prestación económica”.
El Decreto Legislativo n° 723, que contiene el proyecto de ley en referencia, ahora queda en manos de la presidencia de la República para realizar la respectiva sanción y así concluir con el proceso de formación de ley, y tendría vigencia hasta el pago de la última compensación derivada de esta disposición.