La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes el requerimiento contra exfuncionarios y empresarios involucrados en el caso denominado “CENTRUM”. Este mismo día, el Ministerio Público explicó cómo fue el “entramado criminal” que perjudicó al Estado salvadoreño con millones de dólares en la permuta (intercambio) de armas y obuses (pieza de artillería y tipo de munición) en mal estado.
En el caso están siendo señalados los exministro de la Defensa Nacional José Atilio Benítez y David Munguía Payés, el General Rafael Melara Rivera, el Coronel Manuel de Jesús Romero, el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson y el ciudadano Héctor Herrera, por los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental agravada.
Según la FGR, así fue cómo ocurrieron los hechos que perjudicaron al Ministerio de la Defensa y, en general, al Estado salvadoreño:
Los hechos comienzan desde el año 2011 cuando Munguía Payés solicita un informe de revaluación de unas armas obsoletas y en mal estado, el cual es realizado y determina cuáles armas podían ser permutadas. En el informe también se establece que existen armas nuevas y usadas, por lo cual esas no deberán entrar en la permuta.
En ese proceso, se cambia el liderazgo del Ministerio y llega Atilio Benítez y siguiendo la lógica del informe, genera una Comisión en la cual regula el proceso de la permuta y subasta. Se hace una invitación a 6 empresas, de esas hay una persona, Héctor Herrera, que se presenta como representante de 5. “Ese es el primer acto criminal”, indicó el representante de la Fiscalía en conferencia de prensa.
Posterior y teniendo conocimiento de ello, Benítez conforma la Comisión, en la que está el general Melara Rivera. En ese momento, existe un cambio en la representación de las sociedades, pues Herrera informa que solo se queda en representación de CENTRUM y le da un listado de las personas que serán las representantes de las otras empresas. “Pero ¿qué sucede? Nos damos cuentas que esas personas son empleadas de CENTRUM, cuyo representante legal es Gustavo López. Esas acciones fueron de total conocimiento de Benítez”, detalló la FGR.
Posterior, se da el resultado de la Comisión y quedan ganadoras dos empresas, entre ellas CENTRUM. Estando ya autorizadas las permutas -que iba en los términos que el Ministerio de la Defensa lo iba hacer con más de 14 mil armas, con accesorios, a cambio de dos obuses importados de Israel, para actualizar y mejorar la artillería-, inesperadamente, cuando ya se tenía pactado 2 millones 51 mil 893 dólares, Herrera presenta una nota de que la otra empresa ya no va a presentarse en la permuta, porque tiene problemas en Estados Unidos.
En ese contexto, el general Melara Rivera le expresa a Benítez de que no debe seguir con la permuta, que lo que se debe hacer es volver a llamar a invitación de empresas. Esa nota es obviada y se perfecciona el contrato, suscrito por López Davidson y Atilio Benítez.
Un mes después, entra nuevamente Munguía Payes como ministro y en ese momento inicia el actuar criminal de él. Este exfuncionario modificó una de las clausulas principales del contrato, que era la garantía de cumplimiento, poniéndolo a 24 meses (era de 36), por lo que dejó “indefenso al Estado en la entrega de los obuses”. Los obuses no vinieron a los 24 meses y tuvo que hacerse una prórroga del contrato.
“En ese contexto, hay otro evento criminal, que es hacer otra modificación al contrato: traer obuses repontenciados”.
Otro evento criminal que hace es cambiar la garantía de “buena obra”, donde deja otra vez deja “desprotegido al Estado”. López Davidson tenía total conocimiento de lo que sucedía.
Pero no solo eso, la Fiscalía ha descubierto que en la permuta se incluyeron 2,441 armas nuevas que nunca estuvieron en las negociaciones, pues en el informe se dijo que esas no debían ser permutadas.
Para constatar el buen estado de los obuses, Defensa manda a dos especialistas a Israel pero cuando vienen expresan que no probaron los obuses, sino que las personas allá solo les dieron una “visualización de lejos”, cuando la empresa tenía la obligación de dejar que ellos las inspeccionaran y probaran.
Pese a eso, vino la recepción provisional de los obuses. En el contrato establecía que se tenían que abrir y revisar el contenido de los obuses en el momento, pero tampoco se realizó. Después, se genera la recepción definitiva. Sin embargo, el general Melara envió una nota a Munguía Payés que decía que no aceptara los obuses pero luego este genera otra donde ya dice que se deben aceptar. Esta acción habría sido una orden de Payés.
“Es así como (estos exfuncionarios) favorecieron la apropiación de fondos públicos, favoreciendo a CENTRUM”, indicó la FGR.
El Ministerio Público agregó que en los Juzgados probarán que no solo fueron 2 millones 51 mil 893 dólares, pues la cantidad realmente es más porque se introdujeron en la permuta las armas que se recomendó que no.
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