El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras una nueva acusación presentada por la Fiscalía General, que lo involucra en presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral. Esta acusación ha intensificado la ya tensa relación entre el mandatario y el fiscal general, Carlo Díaz, llegando incluso a motivar que Chaves encabezara una marcha exigiendo la salida del fiscal.
En su conferencia de prensa semanal, Chaves expresó con firmeza: “Vinimos a cambiar las reglas del juego, a devolverle a usted (al pueblo) una de las tres patas del Estado. Se los aseguro con el corazón en la mano y sin temor a las amenazas de Carlo Díaz y las absurdas denuncias que me hace”.
La Fiscalía presentó el lunes ante la Corte Suprema de Justicia una acusación formal contra Chaves, el primer vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André y varios diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), entre ellos Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero. En el documento, se solicita levantar el fuero de los involucrados para abrirles juicio por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial.
La investigación, que comenzó en 2022, señala que el PPSD utilizó dos estructuras paralelas de financiamiento durante su campaña: un fideicomiso privado y cuentas bancarias personales, presuntamente vinculadas a una mujer de apellido Agüero, quien actualmente enfrenta un proceso penal independiente. Estos fondos habrían operado al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido, lo cual viola las disposiciones del Código Electoral, que prohíbe las contribuciones de fuentes no identificadas o no oficiales.
Este es el segundo proceso legal que enfrenta Chaves, pues en abril la Fiscalía ya había solicitado el levantamiento del fuero presidencial por otro caso relacionado con presuntas contrataciones irregulares de servicios de comunicación financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Corte Suprema deberá decidir si remite las acusaciones al Congreso, donde se discutiría el posible levantamiento de la inmunidad presidencial, aunque no se ha especificado un plazo para la resolución de este asunto.
La administración de Chaves ha estado marcada por una relación tensa con varias instituciones, incluidos el Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial, a los que ha acusado repetidamente de actuar con sesgo político y de ser ineficaces. Sin embargo, el enfrentamiento con el fiscal Díaz ha sido particularmente agudo. En marzo, Chaves lideró una manifestación en contra del fiscal, a quien llamó “matón de barrio” y “títere”. Esta marcha, a su vez, fue condenada por Díaz, quien denunció lo que consideró un “preocupante ataque a la división de poderes” y vinculó la manifestación con las investigaciones en curso contra el presidente.
El futuro político de Chaves podría verse afectado por estos casos, que reflejan una creciente polarización y fricción en la política costarricense.