La aprobación de la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales provocó un fuerte cruce de posturas entre diputados oficialistas y de oposición. Mientras el partido Nuevas Ideas defendió la medida como una solución al abandono histórico de los mercados públicos, los partidos Arena y Vamos la criticaron por debilitar a las municipalidades y concentrar más poder en el Ejecutivo.
La diputada Elisa Rosales (Nuevas Ideas) afirmó que la ley busca garantizar un funcionamiento ordenado y digno para los mercados intervenidos o construidos por el Gobierno, sin incremento en las tarifas para los comerciantes. Según dijo, la adjudicación de puestos será transparente y sin favoritismos.
Desde la oposición, el diputado Francisco Lira (Arena) advirtió que la ley es un paso más hacia la desaparición de los municipios, al dejar en manos del Ejecutivo funciones tradicionalmente municipales. «¿Qué papel tendrán las alcaldías si el Gobierno central se encarga de todo?», cuestionó.
Por su parte, Claudia Ortiz (Vamos) calificó la ley de inconstitucional y criticó el desalojo forzoso de vendedores, asegurando que se han usado amenazas bajo el régimen de excepción. La legisladora también acusó al Ejecutivo de querer replicar el modelo fallido del Mercado Cuscatlán y “apropiarse de los ingresos municipales con un maquillaje de orden”.
El presidente legislativo Ernesto Castro (Nuevas Ideas) respondió señalando que la ley pretende erradicar prácticas de corrupción y caos que —según dijo— imperaron durante gestiones anteriores. Aseguró que los desalojos en San Salvador bajo la administración Bukele fueron voluntarios y marcaban un giro frente a los métodos violentos del pasado.
La diputada Marcela Villatoro (Arena) rechazó esa versión y sostuvo que los vendedores fueron amenazados con arrestos si no abandonaban sus puestos. Afirmó que la ley no solo invade competencias municipales, sino que “prepara el camino para una reforma constitucional que elimine a las alcaldías”.
La normativa fue aprobada con 57 votos de la bancada oficialista y establece que los mercados intervenidos por el Gobierno pasarán a ser gestionados directamente por una dirección adscrita a la Presidencia. Esta nueva entidad podrá adjudicar, regular y revocar los permisos de uso de puestos y locales comerciales a nivel nacional, excluyendo a las alcaldías de toda injerencia sobre estos espacios.