Con 57 votos a favor del bloque oficialista y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó la «Ley de creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales en Espacios Públicos», que transfiere al Ejecutivo el control de los mercados intervenidos por el gobierno, incluyendo la administración, adjudicación de puestos y cobro de tarifas.
La ley crea una nueva Dirección adscrita a la Presidencia, cuyos directores serán nombrados por el mandatario por un periodo de cinco años. Esta entidad será la única responsable de establecer y cobrar las tarifas por arrendamiento de locales en mercados entregados en comodato por las alcaldías, por periodos de hasta 50 años prorrogables.
Durante la aprobación, la Asamblea introdujo dos cambios clave al texto original: se eliminó la restricción que prohibía ventas ambulantes a menos de 100 metros del mercado y se descartó un artículo que obligaba a pagar salario mínimo a los trabajadores de los puestos.
La diputada Claudia Ortiz (Vamos) denunció que la ley representa un intento de «centralizar los ingresos municipales» bajo una imagen de orden, mientras que el diputado Francisco Lira (Arena) alertó sobre una posible desaparición futura de los gobiernos locales. Ambos partidos votaron en contra.
Desde Nuevas Ideas, el diputado Ernesto Castro defendió la reforma como una respuesta al abandono de los mercados y aseguró que con esta ley se busca «poner fin al desorden heredado» y evitar que pandillas o intereses particulares controlen estos espacios.
La normativa mantiene sanciones de entre $5 y $50 por infracciones administrativas, así como revocaciones de puestos en casos graves, y faculta a la nueva Dirección para gestionar préstamos si sus ingresos ordinarios resultan insuficientes.