Más de 9,000 migrantes han regresado a Colombia en lo que va del año tras no lograr llegar a su destino en Norteamérica, una situación calificada como “crisis humanitaria” por la Procuraduría General de la Nación, que exhortó a las autoridades nacionales e internacionales a tomar medidas urgentes.
El fenómeno, conocido como flujo migratorio inverso, involucra a personas que, tras atravesar la peligrosa selva del Darién en su intento por llegar a Estados Unidos, han retornado desde países como México, Panamá y Costa Rica. Muchos de ellos enfrentan condiciones críticas, sin acceso a servicios básicos ni atención humanitaria, denunció el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna.
“No podemos seguir ignorando esta grave situación. Estas personas están atrapadas en condiciones indignas, con afectaciones severas de salud física y mental”, expresó Osuna en un mensaje dirigido especialmente a las Cancillerías de Colombia y Panamá.
Un equipo de la Procuraduría confirmó en terreno la precariedad de la asistencia estatal en zonas de retorno como Capurganá, Juradó y Bahía Solano, ubicadas en el departamento del Chocó. En estos puntos, los migrantes —en su mayoría venezolanos, indios, afganos, colombianos y ecuatorianos— llegan desnutridos, enfermos y sin recursos.
Además de la falta de atención, la Procuraduría denunció la existencia de redes criminales que controlan la ruta migratoria y explotan a los migrantes, exponiéndolos a extorsiones, estafas y violencia. “Están completamente desprotegidos, a merced de bandas ilegales que lucran con su sufrimiento”, añadió Osuna.
En 2024, más de medio millón de personas cruzaron el Darién, una cifra sin precedentes que dejó al menos 174 migrantes muertos, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pero este año, el retorno ha cobrado protagonismo, impulsado por nuevas restricciones en países de tránsito y destino.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han coincidido en la urgencia de establecer corredores humanitarios, albergues temporales y un plan de respuesta integral que permita atender a los retornados de forma digna y segura. También pidieron frenar la corrupción y la permisividad institucional que permite el crecimiento de economías ilegales en estas rutas.
“Es momento de actuar. Lo que está ocurriendo en el Darién no solo es una tragedia humana, es una muestra de abandono institucional que debemos revertir con urgencia”, concluyó Osuna.