La Asamblea Legislativa aprobó recientemente, con 57 votos a favor, una reforma a la Ley del Presupuesto 2025 que incorpora $5,428,944 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para financiar dos proyectos del «Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario» en el país. Este programa, que fue originalmente aprobado en 2013 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tiene como objetivo mejorar las condiciones del sistema penitenciario y fortalecer la seguridad en el país.
Detalles de la reforma presupuestaria
Los fondos asignados a este programa provienen de un presupuesto más grande de $71 millones, de los cuales $55.2 millones están destinados a ser ejecutados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y $15.7 millones por el MOPT. La reforma presupuestaria divide los fondos en dos proyectos específicos:
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Construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales:
Se destinan $1.4 millones de los fondos para cubrir órdenes de cambio en este proyecto, que tiene como objetivo construir cocinas industriales en centros penitenciarios de todo el país. Según el diputado Edgardo Mulato, con este proyecto se busca que 3,140 reos cocinen sus propios alimentos, logrando así un sistema más autosostenible en los centros penitenciarios. Además, esta medida pretende mejorar la alimentación de los reclusos y ahorrar recursos para el Estado. -
Suministro e instalación de brazaletes electrónicos:
Los $3,945,168 restantes se destinarán a la compra de 3,108 brazaletes electrónicos para monitorear a los reos del programa Cero Ocio, que busca reducir la criminalidad al mantener a los privados de libertad en constante monitoreo fuera de los penales, permitiendo su integración a actividades de reinserción laboral o educativas sin poner en riesgo la seguridad.
Comentarios y justificación del proyecto
El diputado Edgardo Mulato fue el único legislador que intervino durante la discusión de la reforma. En su intervención, destacó que la inclusión de estos proyectos en el presupuesto tiene como objetivo fortalecer el sistema penitenciario de El Salvador, el cual, según él, ha sido crucial para mantener el orden y la seguridad en el país. Mulato también recordó que, gracias a la implementación del régimen de excepción, El Salvador lleva más de 911 días sin homicidios, lo que considera un avance significativo en la lucha contra la criminalidad.
Asimismo, Mulato destacó el trabajo que los reos han realizado en proyectos sociales y comunitarios, como la reconstrucción de hospitales en varias localidades del país y la mitigación de riesgos en proyectos habitacionales tras las lluvias de 2022. Esta participación activa de los privados de libertad, según Mulato, es una prueba del cambio que ha experimentado El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele, enfocado en un modelo de seguridad integral.
Reacciones y votación
El proyecto fue sometido a votación y obtuvo 57 votos a favor, incluidos los de la bancada de Arena. Sin embargo, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra de la reforma. Este desacuerdo subraya las diferencias de opinión en torno a cómo se deben asignar los recursos públicos y la efectividad de las políticas penitenciarias en El Salvador.
El Salvador, bajo el régimen de excepción y la implementación de medidas como los brazaletes electrónicos, continúa en la mira internacional debido a la controversia sobre sus políticas de seguridad y derechos humanos. A pesar de las críticas de organizaciones locales e internacionales que cuestionan la represión y el impacto de estas medidas en las libertades individuales, el gobierno de Bukele sigue defendiendo su enfoque, centrado en la seguridad y la reducción de la criminalidad.
Impacto del programa y el debate
El Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario tiene un impacto directo en el sistema de justicia y en la reinserción social de los reclusos. Al darle a los reos más responsabilidades dentro del sistema penitenciario, el gobierno busca que los privados de libertad contribuyan activamente a la economía del sistema y se preparen para su reintegración a la sociedad de una manera más controlada.
Sin embargo, la oposición y varios sectores críticos ven estas medidas con sospecha, acusando al gobierno de utilizar el sistema penitenciario como una herramienta de control político y de criminalización de la protesta. A pesar de los beneficios anunciados, el debate sobre las políticas de seguridad, libertad de expresión y derechos humanos sigue siendo uno de los temas más polémicos en El Salvador.