La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) manifestó este jueves su preocupación por la continua renovación del estado de excepción en Honduras, una medida que permanece vigente desde diciembre de 2022 y que ha implicado la suspensión de seis garantías constitucionales.
En un comunicado oficial, la Oacnudh señaló que, aunque la medida fue inicialmente adoptada como una respuesta excepcional ante la inseguridad y la violencia asociada a organizaciones criminales, su prolongación durante casi 900 días ha desvirtuado su carácter temporal y excepcional.
“Los Estados pueden recurrir a medidas excepcionales ante amenazas graves al orden público, pero estas deben ser temporales, proporcionales, no discriminatorias y sujetas a control judicial y legislativo”, recordó la Oficina.
La Oacnudh advirtió que el uso prolongado del estado de excepción ha resultado en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y allanamientos sin control judicial, cometidos por cuerpos de seguridad y defensa. Estas denuncias han sido respaldadas también por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Asimismo, se alertó que de los 17 decretos ejecutivos que han prorrogado la medida, solo cinco han sido ratificados formalmente por el Parlamento, lo que evidencia una falta de control legislativo. Además, Honduras no ha notificado al Secretario General de la ONU, como lo exige el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el país.
La Oficina subrayó la importancia de restaurar las condiciones democráticas de cara a las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre, enfatizando que es fundamental garantizar el pleno ejercicio de las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación, derechos que actualmente están limitados bajo el estado de excepción.
La Oacnudh instó al Estado hondureño a poner fin al estado de excepción y ofreció asistencia técnica para fortalecer las políticas de seguridad y prevención del delito dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, con el fin de asegurar un proceso electoral libre, participativo y democrático.