El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó el lunes un ambicioso plan migratorio ante el Gobierno del presidente Donald Trump, en el que propone una serie de medidas para incrementar el control sobre la inmigración ilegal en el estado. Entre las propuestas más destacadas se encuentran el uso de elementos de la Guardia Nacional de Florida como jueces migratorios y la autorización a la Patrulla de Carreteras estatal para realizar redadas migratorias de manera independiente al Gobierno federal.
La propuesta de DeSantis pide autorización para que el Cuerpo de Abogados Generales, una rama de justicia militar de la Guardia Nacional de Florida, sea utilizado como un recurso adicional en el procesamiento de casos de inmigración. Según DeSantis, esto permitirá agilizar el sistema judicial y acelerar los trámites de deportación de inmigrantes indocumentados.
El gobernador detalló que la Guardia Nacional desempeñaría un papel clave en la ejecución de la ley migratoria, trabajando de manera coordinada con las autoridades federales, aunque con la posibilidad de actuar de forma autónoma en algunos aspectos clave.
Otro de los puntos clave de la propuesta es el aumento de la capacidad de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) para realizar operativos migratorios. Según DeSantis, 100 agentes de la FHP ya operan como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals, lo que les permite ejecutar órdenes judiciales federales y participar en la captura de «extranjeros criminales peligrosos».
«Lo que tenemos ahora con la FHP es que ellos pueden realizar operativos migratorios de manera completamente independiente al Gobierno federal, y no hay nadie más en el país donde estén haciendo eso», destacó DeSantis durante una rueda de prensa en Tampa.
Como ejemplo de la efectividad de esta estrategia, el gobernador mencionó la ‘Operación Marea Negra’, un operativo realizado en abril en el que se arrestaron a más de 1.100 inmigrantes en Florida, con la colaboración de siete agencias locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) federal.
DeSantis también presentó planes para contribuir con nuevos centros de detención de migrantes en el estado y expandir las operaciones de aprehensión. «Florida será el líder en la lucha para aplicar la ley inmigratoria», aseguró el mandatario, haciendo hincapié en la importancia de que el estado asuma un rol activo en la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump.
Florida ha sido uno de los estados más activos en la implementación de las políticas migratorias del presidente Trump. DeSantis ha aprobado varias leyes que prohíben las ciudades santuario en el estado, imponiendo multas de hasta 5.000 dólares y suspendiendo o destituyendo a funcionarios públicos que no cumplan con estas disposiciones.
En consecuencia, más de 100 agencias gubernamentales y todos los condados en Florida han firmado acuerdos bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, lo que les permite cooperar con las autoridades federales en la aplicación de la ley migratoria. Entre las ciudades que se han sumado a estas medidas se incluyen Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami, Key West, Orlando y Doral.
Florida es hogar de una gran población inmigrante, con aproximadamente 5 millones de personas nacidas fuera de Estados Unidos, según la organización American Immigration Council. A pesar de esta alta concentración de inmigrantes, DeSantis ha mostrado un enfoque duro contra la inmigración ilegal, priorizando las políticas que busca implementar a nivel estatal.
Con su nueva propuesta migratoria, Ron DeSantis reafirma su compromiso con las políticas migratorias de la administración Trump, buscando dar a Florida un rol proactivo y autónomo en la lucha contra la inmigración ilegal. La implementación de estas medidas podría marcar un cambio significativo en la forma en que se aplican las leyes migratorias en el estado, especialmente con el uso ampliado de la Guardia Nacional y la Patrulla de Carreteras.