Dirigentes de partidos opositores cuestionaron la reciente detención de empresarios del transporte por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), tras reportes de unidades que no brindaron el servicio gratuito anunciado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele entre el 5 y el 11 de mayo, como respuesta al cierre temporal de la carretera de Los Chorros.
La secretaria general del partido Vamos, Cesia Rivas, calificó como “ilegal” la actuación del Ejecutivo al ordenar la captura de transportistas, argumentando que solo el Órgano Judicial puede juzgar y que estas acciones violan la independencia de poderes. “Al final, debido a su improvisación, es la gente la que termina pagando”, sostuvo Rivas.
Cinco empresarios fueron detenidos el lunes: Genaro Ramírez, Abel Reina, José Arriaza, Nelson Moreno y Alex Sorto, según confirmó la PNC.
Desde el FMLN, el secretario general Manuel “El Chino” Flores acusó al Gobierno de generar “caos” con una medida que considera improvisada. Flores especuló que el Estado podría estar preparando la creación de una empresa propia de transporte, tras la compra de miles de buses provenientes de China e India. “Ahora quieren resolver con amenazas. Al final, van a hacer su propia empresa privada”, comentó.
Por su parte, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, tildó las capturas como “cortinas de humo” para desviar la atención de la crisis vial en la zona de Los Chorros. A su juicio, las autoridades deberían aplicar soluciones reales, como promover el teletrabajo, clases virtuales y carriles reversibles en rutas alternas.
El Gobierno anunció que los trabajos en la carretera Los Chorros continuarán hasta el domingo 11 de mayo, y que el transporte público sería gratuito durante toda la semana para mitigar los efectos del cierre. No obstante, numerosos usuarios denunciaron escasez de unidades, largas filas en paradas y dificultades para llegar a sus destinos.
Mientras el Ejecutivo insiste en que ya cumplió con el pago total del subsidio a los transportistas, desde la oposición se insiste en que la respuesta ha sido improvisada, legalmente cuestionable y carente de soluciones estructurales.