El pasado sábado, un juez federal de Estados Unidos dictó una orden urgente que prohíbe el acceso del Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, a los sistemas de pagos y registros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La orden fue emitida por el juez Paul A. Engelmayer, quien instruyó la suspensión del acceso a datos sensibles por parte de «agentes especiales del gobierno», «empleados políticos» y «personal gubernamental externo al Tesoro».
Esta restricción temporal, que se mantendrá vigente hasta una audiencia programada para el próximo 14 de febrero, establece que cualquier persona que haya tenido acceso a información confidencial del Tesoro desde la llegada de Donald Trump a la presidencia deberá eliminar de inmediato cualquier copia de los datos obtenidos.
Elon Musk, conocido empresario y líder de DOGE, juega un papel clave en los esfuerzos de la administración Trump para reducir el gasto público a través de esta nueva comisión gubernamental, encargada de asesorar al presidente en la reorganización de diversas entidades federales.
El pasado viernes, un grupo de fiscales generales de 19 estados presentó una demanda contra la administración Trump, el Departamento del Tesoro y su titular, Scott Bessent, alegando que la ampliación del acceso a información sensible violaba la ley. En respuesta, el juez Engelmayer argumentó que los estados demandantes podrían enfrentar «daños irreparables» si no se tomaban medidas preventivas.
La controversia se originó la semana pasada cuando se descubrió que Musk y su equipo tuvieron acceso no autorizado a datos privados del Tesoro. Un informe interno de la agencia calificó la filtración como «la mayor amenaza interna en la historia del Servicio Fiscal», lo que generó preocupación por la seguridad de los sistemas federales y la posible vulnerabilidad a ciberataques.
La situación continúa siendo un tema candente, con la fecha de la audiencia próxima que podría redefinir el futuro acceso del DOGE a los registros del Tesoro.