La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este miércoles una demanda para la disolución de seis sociedades relacionadas con Gerardo Quijada, exdueño de GQ Racing, y su grupo familiar. La acción se fundamenta en el Código de Comercio, que establece que las sociedades administradas por personas sometidas a investigación penal deben ser liquidadas y disueltas.
“Esta solicitud de disolución y liquidación de las sociedades tiene motivo o razón de ser en virtud de lo que dispone el Código de Comercio, ya que las personas que administraban estas sociedades, en este momento, son objeto de una investigación penal”, declaró un fiscal en un video difundido por la FGR.
#CombateAlCrimen I Este día, la @FGR_SV ha presentado una demanda para la disolución de seis sociedades relacionadas a Gerardo Quijada Orellana y su grupo familiar, quienes enfrentan dos procesos por los siguientes delitos:
▶️Estafa agravada
▶️Agrupaciones ilícitas
▶️Amenazas con… pic.twitter.com/BlOOkLHRsB— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 18, 2024
La FGR asegura que las seis sociedades incurrieron en actuaciones ilícitas, motivo por el cual deben ser declaradas disueltas y liquidadas. Las empresas involucradas son:
- Racing Sport Team, S.A. de C.V.
- Racing Sport Motor’s, S.A. de C.V.
- Automart, S.A. de C.V.
- Motores y Vehículos, S.A. de C.V.
- Llantas y Aacespr, S.A. de C.V.
- World Tire, S.A. de C.V.
De acuerdo con la FGR, tras la disolución de estas sociedades, el juez designará a un liquidador responsable de administrar los bienes de las empresas para finiquitar sus activos y pasivos.
Esta acción legal se suma a la solicitud presentada el pasado lunes, donde la FGR pidió la imposición de medidas en contra de Gerardo Quijada Orellana, acusado de perjudicar a una nueva víctima por más de medio millón de dólares. Las medidas también incluyen a Jorge Alemán, César Trujillo, Mónica Elena Quijada Suncín, Jeryson Gerardo Quijada Suncín y Jennifer Marcela Quijada Suncín.
Con estas acciones, la FGR reafirma su compromiso de combatir el uso de estructuras societarias para la comisión de delitos, garantizando que se aplique la justicia conforme a la ley.