La Asamblea Legislativa aprobó dos importantes reformas en el sector financiero del país: la nueva Ley de Bancos Cooperativos y la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito. Estas leyes regulan las asociaciones o cooperativas que, además de recibir aportes de sus socios, captan fondos del público y otorgan créditos para promover actividades económicas.
La Ley de Bancos Cooperativos fue aprobada con el respaldo de 54 votos de los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, mientras que la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito obtuvo 58 votos, incluyendo el apoyo de los dos diputados de Arena, partido opositor.
Con la entrada en vigor de estas leyes, se deroga la actual Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, que regulaba las cooperativas con depósitos y aportaciones superiores a $68 millones. A partir de ahora, la nueva normativa regulará los bancos cooperativos y cooperativas que capten fondos del público o que superen los $25 millones en fondos recaudados.
Regulación más estricta para el sector cooperativo
El Banco Central de Reserva (BCR) tendrá un plazo de 90 días desde la vigencia de las leyes para actualizar las normas técnicas relacionadas con la transparencia, el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y otras disposiciones clave para el funcionamiento de las entidades cooperativas.
Uno de los cambios más significativos es la gestión de insolvencias. La nueva ley mantiene la facultad de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para intervenir las cooperativas que enfrenten problemas patrimoniales, pero introduce la posibilidad de aplicar un fideicomiso y la reestructuración de activos y pasivos bajo el marco de la Ley de Bancos. Las cooperativas intervenidas también podrán adoptar medidas para mantener su solvencia y liquidez.
Modificaciones clave en la nueva legislación
- Límites de riesgo de crédito: La nueva ley aumenta el límite de crédito a una sola persona (natural o jurídica) de un 10 % a un 15 % del fondo patrimonial de la cooperativa o sociedad de ahorro y crédito. Este cambio impactará las normas del Banco Central de Reserva, que deberá ajustar sus regulaciones para reflejar este nuevo límite.
- Prohibición de enajenación de bienes: Se establece una prohibición para la enajenación de bienes a favor de directores, gerentes, empleados y sus familiares cercanos, con una excepción para los bancos cooperativos cuando el valor de los bienes no supere los $75,000.
- Créditos a directivos y empleados: Se mantiene la prohibición de otorgar créditos superiores al 5 % del fondo patrimonial a los gerentes y directivos de los bancos cooperativos, mientras que en las sociedades de ahorro y crédito se permiten préstamos a sus directores, funcionarios y parientes, siempre bajo las mismas condiciones ofrecidas al público y con la aprobación de la directiva.
- Subsidiarias en el extranjero: Ambas leyes permiten a los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito constituir subsidiarias en el extranjero, que estarán sujetas a la supervisión de la SSF. Estas entidades podrán operar como casas de cambio, emisoras de tarjetas de crédito, y otros servicios financieros internacionales.
- Reserva de liquidez: La nueva legislación establece una estructura más detallada para el uso de la reserva de liquidez, dividiendo los fondos en tres tramos: uno de 25 % en depósitos a la vista en el BCR, otro 25 % en depósitos o títulos valores, y un 50 % que requerirá autorización del superintendente para su utilización.
La ley también establece que las acciones de las sociedades de ahorro y crédito deben permanecer en manos de personas naturales salvadoreñas o centroamericanas, o de personas jurídicas con accionistas mayoritarios de la misma procedencia. Además, ninguna persona podrá poseer más del 1 % del capital sin la aprobación de la SSF. El capital mínimo de estas sociedades será de $4 millones, cantidad que podrá ser ajustada por la SSF cada dos años.
Con estas reformas, el Gobierno busca mejorar la regulación y supervisión del sector financiero cooperativo, promoviendo la estabilidad y protegiendo a los ahorrantes y prestamistas, al mismo tiempo que fomenta el desarrollo de actividades económicas en el país.