La reciente aprobación de la «Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción» (DOT) por la Asamblea Legislativa, con 57 votos a favor y la oposición de Arena y Vamos, ha suscitado críticas de los partidos opositores. Estos argumentan que la ley favorece a grandes inversionistas y concentra poder en el gobierno, perjudicando a las alcaldías.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cuestionó las intenciones de la DOT, afirmando que las reformas benefician solo a los grandes capitales, ignorando las necesidades de comunidades vulnerables. Destacó la importancia de un urbanismo inclusivo que atienda a todos los ciudadanos.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, también criticó la concentración de poder en el Ejecutivo, señalando que la DOT busca despojar a las alcaldías de sus facultades. Además, advirtió que la distribución de fondos propuestos por la DOT podría disfrazar un intento de centralizar la autoridad.
La nueva ley deroga la «Ley especial de agilización de trámites para el fomento de proyectos de construcción» de 2013, que incluía a las municipalidades en el proceso. La falta de participación municipal en la DOT ha generado preocupaciones sobre la autonomía de los gobiernos locales.
El diputado Francisco Lira, de Arena, añadió que la DOT podría amenazar la independencia municipal, sugiriendo que la reducción de municipios debería haber incluido cambios al Código Municipal. Así, el debate sobre el ordenamiento territorial y la construcción en El Salvador continúa, con la oposición alertando sobre las implicaciones de esta normativa.