La Asamblea Legislativa emitió Disposición Transitoria para que se suspendan los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en que se encuentren, hasta el 29 de mayo.
En ese sentido, no incurrirán en incumplimiento de obligaciones contractuales y tampoco penalidades civiles y mercantiles, todas aquellas personas que se vean imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas aplicadas en el combate a la pandemia. Quedan excluidas de esta disposición lo que respecta al sistema financiero, el Comité de Normas del Banco Central de Reserva.
Asimismo, la disposición establece la suspensión de plazos o celebraciones de audiencias en la jurisdicción penal común y jurisdicciones especializadas en materia penal, y audiencias celebradas en sede administrativa.
Con la normativa también se habilita el uso del Documento Único de Identidad (DUI) cuyo vencimiento está previsto dentro del plazo de vigencia del presente decreto. Las personas adultas mayores y personas con discapacidad no estarán obligadas a la comparecencia de ley para el goce de su pensión, mientras dure la ley.
La disposición surge dado que los plazos siguen corriendo, no obstante, actos y diligencias podrían no realizarse y llegar al vencimiento de los plazos, como el caso de la detención provisional, cuyo límite es de 24 meses o la preclusión de derechos por no haberse ejercido en los plazos determinados en otras materias.
Un punto a destacar es que esta vez la Ley de Acceso a la Información Pública, su reglamento y lineamientos podrán tener aplicación plena a partir de la vigencia de la esta medida, en el marco de principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
Los plazos para la entrega de información estaban suspendidos desde el 14 de marzo.
Ante esto, este viernes el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública pidió al presidente de la República, Nayib Bukele, que sancione ese decreto legislativo y así levantar la suspensión de los plazos de entrega de información pública.
“La plena aplicación de la LAIP en estos momentos es fundamental para que las personas tengan información oportuna sobre el estado de la emergencia y para transparentar cómo las instituciones públicas están administrando los fondos públicos”, indicaron.