Varios iudadanos han acudido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer demandas de inconstitucionalidad contra el estado o régimen de excepción decretado el sábado por la Asamblea Legislativa ante la emergencia mundial por el coronavirus.
Según los primeros demandantes, el decreto viola el artículo 131 ordinal cuarto de la Constitución de la República, porque en la plenaria donde se aprobó hubo varios diputados suplentes.
El artículo 131 que hacen mención es el cual autoriza a llamar a los diputados suplentes solo en caso de “muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios”. En ese sentido, citan la sentencia 35-2015 de la Sala y recuerdan que “la ausencia deliberada de los diputados propietarios es un fraude a la Constitución”.
El decreto tuvo votos de al menos siete diputados suplentes, los cuales algunas personas han asegurado que fueron llamados porque los propietarios no estuvieron de acuerdo en votar a favor. Es así que la demanda de inconstitucionalidad señala que sin los suplentes “no podría haberse aprobado el decreto”, por lo que consideran que “se manipuló el cuorum para alcanzar la mayoría calificada”.
En segundo lugar, argumentan que el decreto 594 o régimen de excepción limita desproporcionalmente los derechos de los ciudadanos.
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Los primeros ciudadanos demandantes son la abogada Ruth López y el politólogo René Franco, quienes pidieron que como medida cautelar se suspendan los efectos del régimen de excepción.
“Conozco las consecuencias de enfrentar el poder pero soy abogada y creo en los derechos y en su real protección, y lo aprobado ayer tiene vicios de inconstitucionalidad tanto de forma (poner a suplentes solo para votar) como de fondo (suspensión de derechos y proporcionalidad). Las medidas anunciadas podían haber sido adoptadas sin el decreto de Régimen de Excepción”, agregó en redes sociales Ruth López.
Sumado a ellos, en horas de este mediodía, la Sala comunicó en sus redes sociales que su Secretaría ha recibido en total cinco demandas de inconstitucionalidad contra este decreto. Se desconoce quiénes son las demás personas u entidades que han presentado las otras demandas.
