La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga los hechos acaecidos antes, durante y después del supuesto golpe de Estado fallido contra ese Órgano de Estado por parte del Gobierno de Nayib Bukele se reunió este día, logrando cuatro acuerdos, los cuales van en sintonía de reconstruir con exactitud todo lo ocurrido el 9 de febrero.
Los acuerdos son:
- Convocar para la próxima semana al jefe y al subjefe de seguridad de la Asamblea Legislativa, así como al encargado de los PPI, para que brinden informe sobre los hechos;
- Enviar una solicitud a los diferentes medios de comunicación que dieron cobertura ese día para que les proporcionen videos y fotografías sin editar;
- Acuerda citar al ministro de la Defensa Nacional y luego al director de la Policía Nacional. Después de que lleguen a la Comisión les recibirán sus informes;
- Y dar aviso del trabajo de esta Comisión a la Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos.
En este último acuerdo solo el diputado Guillermo Gallegos de GANA se opuso, pues para él “no hubo golpe de Estado”. «Quiero decirle muy tristemente: a mí me parece que ya todo lo tienen organizado, diseñado, se oponen a lo que yo propongo de que se pida informe a la Policía y a Defensa.A mí me resulta hasta de mal gusto que quieran jugar con la opinión pública y que quieran hacer de esto una estrategia política de cara al 2021», agregó el diputado, quien es del partido de Gobierno, haciendo referencia al que el quería que primero recibieran los informes de dichos funcionarios y luego votar para citarlos en la Comisión.
La Comisión Especial está conformada por el diputado Alberto Romero de ARENA; Schafik Hándal del FMLN; Rodolfo Parker del PDC; René Portillo Cuadra de ARENA, Dina Argueta del FMLN y Guillermo Gallegos de GANA.
En concreto, la comisión se creó para investigar sobre los hechos ocurridos el 9 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele hizo una convocatoria a sesión extraordinaria para que los diputados aprobaran un préstamos de $109 millones para al Fase III del Plan Control Territorial. La Fuerza Armada y la Policía se tomó por algunas horas el recinto legislativa como una medida de presión, tales hechos fueron criticados por parte de la población, algunos partidos políticos, empresarios y comunidad internacional.