El pasado miércoles 11 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, miembros de la comunidad
Santa Marta, una repoblación integrada por exiliados y ex combatientes de la guerra civil, ubicada en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas.
En un operativo simultáneo, realizado el mismo día y hora, en el municipio de Guacotecti, del mismo departamento, agentes también detuvieron a Teodoro Antonio Pacheco, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), integrada por pobladores de Santa Marta; y a Saúl Agustín Rivas, asesor legal de la referida organización comunitaria.
A todas estas personas se les acusa de cometer un asesinato durante la guerra civil (1980-1992) y de asociaciones ilícitas. Este último delito se relaciona con la narrativa del actual estado de excepción y está totalmente fuera de lugar en este caso porque los detenidos no tienen ninguna relación con pandillas.
En un comunicado de prensa, ambientalistas aseguran que no oponen a que investigar crímenes cometidos durante la guerra civil.
«De hecho, varias de nuestras organizaciones han luchado durante las últimas tres décadas por el conocimiento de la verdad, la reivindicación de las víctimas y la verdadera aplicación de justicia. Sin embargo, lo actuado contra los miembros de Santa Marta y ADES no parece una acción genuina de hacer justicia, sino un acto de persecución y venganza política, en el marco de una ofensiva estatal contra organizaciones comunitarias y de la sociedad».
Según el fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, los seis excomandantes guerrilleros, son acusados de participar directamente en el asesinato de una mujer en 1989.
“En agosto de 1989, María Inés Alvarenga fue sacada de su casa, en el cantón Santa Marta, Cabañas, por guerrilleros del FMLN. La acusaban de colaborar con el ejército, por lo que fue torturada y ejecutada”, detalló el Fiscal en Twitter.
Entre la petición que los ambientalistas es que a los procesados no se les sea aplicado el régimen de excepción y que enfrenten la audiencia inicial en libertad.
«Demandamos que el procedimiento judicial contra los miembros de Santa Marta y ADES sea transparente y respete los derechos humanos, sobre todo por las graves dudas que genera la falta de independencia judicial, institucionalidad y estado de derecho. También exigimos que el proceso sea fuera de las disposiciones del estado de excepción; y que cualquier diligencia se haga con los detenidos en libertad», suscribe el comunicado.