La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene registros donde aparece los nombres de 33 exfuncionarios de los gobiernos de gobiernos anteriores que son señalados de haberse apropiado de $35,983,559.86, entre enero del año 2015 a mayo de 2022.
Esa sustracción de fondos estatales fue detectada cuando los ex servidores públicos presentaron su declaración jurada de patrimonio de toma posesión y cese de funciones.
Los ex funcionarios al ser emplazados para que presentaran pruebas y documentación de la procedencia de los fondos, no pudieron justificar de donde habían obtenido propiedades, bienes como vehículos de lujo, cuentas bancarias y pago de tarjetas de crédito.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ordenaron que se les aplicara el marco legal de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde el año 1959, que ordena un régimen sancionatorio consistente en multas para que devuelvan al Estado el dinero obtenido de forma indebida.
En el 2015, la Corte Plena conoció y emitió resolución en dos casos de investigación patrimonial sobre indicios de enriquecimiento ilícito, pero fue en el 2016 cuando hubo más órdenes para iniciar juicios civiles.
Los ex funcionarios señalados por la CSJ, son Carlos Mauricio Funes Cartagena, quien fue el primer presidente del FMLN y su ex esposa, Vanda Pignato, al igual que el ex presidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco de Saca, ambos del partido ARENA; y se envió una resolución a la Fiscalía para que por las vías correspondientes buscara recuperar $323,166.92 que el fallecido ex presidente Francisco Flores, sustrajo del erario
Para el año 2021, los magistrados reunidos en Corte Plena enviaron a diversas cámaras los expedientes en contra de los exministros, José Atilio Benítez y David Munguía Payés.
Los últimos en ser enjuiciado civilmente son: el diputado de ARENA, Alberto Romero, el ex diputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega Silva y el ex ministro de seguridad y ex diputado, Benito Lara.