La Asamblea Legislativa aprobó, con 64 votos un pliego de reformas a la Ley General de Electricidad con el objetivo de sentar las bases jurídicas para promover pliegos tarifarios a favor de la población.
#SesiónPlenaria18✍? Con 63 votos en pantalla y uno a mano alzada, reformamos la Ley General de Electricidad con el fin de diversificar la matriz energética del país, atraer inversión extranjera y disminuir los costos de la energía para el consumidor final. pic.twitter.com/EmM7Trp4Gq
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) September 1, 2021
Con las reformas los parlamentarios aseguraron que se diversificará la matriz energética abriendo así diferentes opciones de producción, apostando a la energía renovable; impulsar un clima de inversión para que las empresas extrajeras vengan al país con reglas más claras y sentar las bases jurídicas para generar condiciones que abaraten los precios en favor de los salvadoreños.
Rodrigo Ayala, explicó que la modificación especifica que la energía eléctrica es un servicio público que debe estar en función de la ciudadanía. “La misión es tener precios asequibles para la ciudadanía y llevar el servicio a toda la nación porque muchos sectores están olvidados”, señaló.
En el artículo 1, se clarifica que se reconocen como actividades de servicio público lo relativo a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
Además, establece que las entidades que incursionen en dichos rubros serán reguladas por la Ley General de Electricidad, sean estas de naturaleza pública, mixta o privada, independientemente de su grado de autonomía y régimen de constitución. “Con las reformas también se busca tener un mejor control del mercado, esto se va a ver reflejado en la reducción de costos”, subrayó la diputada, Elisa Rosales.
Por su parte, el diputado Mauricio Ortíz, dijo que las nuevas disposiciones de ley contribuirán a la eliminación del poder de algunas empresas que manipulaban los precios a su antojo y que por tanto tenían efectos negativos para la población.
En ese sentido, se establece que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) continuará funcionando como el ente regulador del pliego tarifario y podrá recibir propuestas directas de las generadoras de electricidad en cuanto al precio por megavatio. La oferta más económica será seleccionada para abastecer demandas específicas a bajo costo.
En materia de concesiones, se reafirma que la CEL no tiene participación privada, a fin de garantizar que no se repitan intentos de privatización como sucedió en el caso CEL-ENEL.