La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó este miércoles el proceso de devolución de fondos a las personas afectadas por una estructura que utilizaba la agencia Venicars para estafar mediante la supuesta venta de vehículos financiados.
En esta primera jornada fueron convocadas 260 víctimas que realizaron depósitos anticipados para adquirir automotores que nunca recibieron. Según las investigaciones, alrededor de 1,750 personas fueron engañadas por la empresa, que operaba en El Salvador desde 2024.
#CasoVENICARS | FGR inicia con la devolución de dinero a las víctimas estafadas en el caso VENICARS.
La @FGR_SV citó este día al primer grupo de 260 personas afectadas por esta estructura criminal que operaba bajo la fachada de la empresa Venicars S.A. de C.V.
Desde octubre de 2024, esta organización estafó a más de mil ciudadanos a quienes les exigían dinero bajo la falsa promesa de entregarles un vehículo en cuotas.
La modalidad consistía en supuestos planes de financiamiento y compra de vehículos a bajo costo. Bajo esa fachada, exigían sumas de dinero como prima o adelanto. Cuando las víctimas reclamaban, no les entregaban los vehículos y tampoco les devolvían el dinero.
En marzo de 2025, luego de recibir cientos de denuncias, las autoridades ejecutaron un operativo que dio como resultado la captura de los principales involucrados.
🇻🇪 Los venezolanos:
Daniel Alejandro Guzmán y Bryan José Urbano Salazar🇪🇨 Los ecuatorianos:
Gabriel Andrés Ponce Ruiz y Heidy Jhoanna Álvarez Topón.Como parte de las investigaciones, también se lograron congelar cinco cuentas bancarias por un monto total de $848,359.79. Estos fondos permitirán respaldar la reparación económica a los afectados.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 18, 2026
La Fiscalía informó que logró congelar cinco cuentas bancarias con $848,359.79, dinero que forma parte de los fondos identificados durante la investigación. Sin embargo, no detalló cuánto recibirá cada afectado ni el monto total que será reintegrado.
Por este caso, ocho personas enfrentan procesos judiciales, entre ellas ciudadanos venezolanos y ecuatorianos. Cuatro imputados están ausentes y cuentan con difusión roja de Interpol para su localización y captura.
Las autoridades atribuyen a la estructura el lavado de $1.5 millones mediante este esquema fraudulento.
