El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio analiza las pruebas que serán presentadas en la audiencia de sentencia para determinar el futuro de varios inmuebles y vehículos que la Fiscalía General de la República (FGR) vincula con el exfiscal general Luis Martínez y otros exfuncionarios.
El proceso comenzó en noviembre de 2018 e incluye dos inmuebles y siete vehículos que, según las investigaciones, habrían sido adquiridos mediante recursos ilícitos o recibidos como dádivas.
Entre los señalados también figuran Mauricio Antonio Yanes Morales, exgerente general de la Fiscalía, y José Dolores Zelaya Mendoza, exgerente de Recursos Humanos de la institución. En el caso participan además terceros de buena fe, incluidos bancos, que deberán acreditar su desconocimiento sobre las presuntas irregularidades.
Las propiedades relacionadas con el caso están ubicadas en diferentes sectores de La Libertad, San Salvador y Santa Ana. Algunos de los inmuebles vinculados a Martínez ya fueron entregados al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El caso está relacionado con la investigación denominada Corruptela, en la que Martínez y otras personas enfrentan procesos por presuntos delitos como lavado de dinero, peculado, cohecho y negociaciones ilícitas. Según la Fiscalía, se habría sustraído un total de $735,866.14 para adquirir bienes.
La resolución de extinción de dominio determinará si los bienes investigados pasan definitivamente al Estado.