El Gobierno de Columbia Británica formalizó una demanda en un tribunal federal de San Francisco, California, contra la tecnológica OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman. La acción judicial responde a la falta de alerta a las fuerzas del orden sobre las amenazas explícitas expresadas en ChatGPT por Jesse Van Rootselaar antes del tiroteo masivo ocurrido el 10 de febrero de 2026 en Tumbler Ridge.
Jurisdicción y argumentos: La fiscal general de Columbia Británica, Niki Sharma, explicó que se recurrió a los tribunales de California porque fue en la sede de la empresa donde los ejecutivos tomaron la decisión de no notificar a la Policía Real Montada de Canadá (RCMP) sobre la actividad de la cuenta.
Acusaciones directas: El escrito judicial acusa a la compañía de negligencia, diseño de un producto inseguro y de «colaborar de forma indirecta en un tiroteo masivo». Según la demanda, el equipo de seguridad de OpenAI determinó que existía un «riesgo directo y creíble de violencia» y recomendó acudir a las autoridades, pero la dirección rechazó la sugerencia y se limitó a desactivar la cuenta inicial. Esto permitió a la agresora reincidir con una segunda cuenta sin restricciones suficientes.
Exigencias económicas e interdictos: El Gobierno provincial y el Distrito Escolar 59 Peace River South buscan recuperar los costos financieros provocados por la tragedia, incluyendo la demolición de la antigua escuela secundaria y la construcción de un nuevo recinto escolar valorado en decenas de millones de dólares. También solicitan medidas cautelares para obligar a la empresa a implementar mecanismos de seguridad preventiva.
Acciones paralelas de los afectados: La demanda del gobierno avanza en paralelo a las querellas civiles interpuestas por las familias de las víctimas y supervivientes en California. OpenAI ha intentado desestimar los reclamos individuales bajo el alegato de que el caso debería juzgarse en territorio canadiense.