El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó el cierre de las mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica heredados de la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro.
Entre las decisiones se encuentra la suspensión de los acercamientos con el Frente Comuneros del Sur y el cierre del proceso conocido como el “Tarimazo”, que involucraba a organizaciones armadas y criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. También fueron retiradas las acreditaciones de los negociadores designados durante la administración anterior.
Las resoluciones serán enviadas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía para reactivar los procesos judiciales y las órdenes de captura contra integrantes de las estructuras involucradas. El Gobierno también anunció que acelerará los procedimientos de extradición que correspondan.
De la Espriella afirmó que su administración reemplazará la negociación con organizaciones criminales por acciones judiciales y aseguró que no habrá nuevas concesiones frente a estos grupos. La medida marca un giro respecto a la estrategia impulsada por Petro desde 2022.