Legisladoras de oposición reaccionaron a la reciente publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y señalaron dudas sobre la veracidad de algunos datos presentados.
Las diputadas Marcela Villatoro, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, coincidieron en que este tipo de información debió mantenerse pública desde años anteriores y consideraron positiva su divulgación para fortalecer la transparencia.
Ambas parlamentarias sostuvieron que la reapertura de estos registros responde a compromisos adquiridos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de acceso a la información y combate a la corrupción.
Sin embargo, las diputadas expresaron sospechas sobre inconsistencias entre los patrimonios reportados y el estilo de vida de algunos funcionarios. Villatoro mencionó casos de créditos hipotecarios y propiedades que, según dijo, no coinciden con los ingresos declarados.
Por su parte, Ortiz afirmó que existen funcionarios con contratos estatales millonarios y otros beneficios económicos que, a su juicio, no se reflejan en las declaraciones oficiales.
La publicación de activos y pasivos forma parte de las disposiciones establecidas en la Ley Anticorrupción aprobada en 2025, la cual obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar informes patrimoniales anuales accesibles a la ciudadanía.