Las modificaciones al sistema penal que introducen la cadena perpetua en El Salvador ya están vigentes, luego de cumplirse el plazo de 30 días desde su ratificación en la Asamblea Legislativa, impulsadas por el presidente Nayib Bukele.
La normativa, oficializada a finales de marzo en el Diario Oficial, establece la prisión de por vida como sanción para delitos considerados de alta gravedad. Entre estos figuran el homicidio en sus distintas modalidades, feminicidio, violación y la vinculación con estructuras criminales o terroristas, categoría en la que se incluyen las pandillas.
A partir de esta reforma, la cadena perpetua se convierte en la pena principal para quienes sean declarados culpables de estos delitos, sin distinción entre autores materiales o colaboradores, abarcando incluso a personas menores de edad entre 12 y 18 años.
Antes de este cambio legal, los integrantes de pandillas eran juzgados bajo la figura de agrupaciones ilícitas, con condenas que variaban entre 20 y 45 años dependiendo del rol dentro de la estructura. Con la nueva legislación, este delito queda reservado para otros grupos delictivos, con penas que van de 10 a 20 años.
El marco normativo también contempla revisiones periódicas de las condenas. Los jueces competentes deberán evaluar cada cinco años la posibilidad de otorgar libertad bajo condiciones, siempre que se haya cumplido un mínimo de años de prisión: 25 en el caso de menores, 30 para adultos, 35 si existen múltiples delitos y hasta 40 años cuando concurran agravantes.
Desde el oficialismo, liderado por el partido Nuevas Ideas, se sostiene que la medida respeta parámetros constitucionales e internacionales, al incorporar mecanismos de revisión de las penas.
No obstante, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado preocupación, señalando que aplicar prisión perpetua a menores de edad podría ser desproporcionado frente a los principios de reinserción social. En la misma línea, Human Rights Watch ha cuestionado la compatibilidad de la reforma con estándares internacionales.
Estas disposiciones se implementan en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una estrategia de seguridad que ha derivado en decenas de miles de capturas y una reducción significativa de homicidios, aunque también ha sido objeto de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos.