Organizaciones no gubernamentales que participaron en una reciente audiencia en el Congreso de Estados Unidos han sido señaladas por modificar su discurso tras exponer presuntas violaciones a derechos humanos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador.

De acuerdo con registros del encuentro, representantes de estas entidades plantearon la necesidad de garantizar derechos a personas detenidas, incluso aquellas vinculadas a delitos, y evitaron pronunciarse sobre la clasificación de pandillas como grupos terroristas. Días después, organizaciones como Cristosal, El Faro y Human Rights Watch han sostenido que su intervención estuvo enfocada en la defensa de personas inocentes.


El presidente Nayib Bukele reaccionó a estas posturas, afirmando que la participación de dichas organizaciones evidenció una defensa de criminales, señalamiento que difundió a través de sus redes sociales.

Por su parte, el analista Mauricio Rodríguez consideró que el tema llevado ante legisladores estadounidenses no generó el efecto esperado por las ONG, y sostuvo que las autoridades de ese país reconocen los resultados de las políticas de seguridad implementadas en El Salvador, especialmente en la reducción del crimen y su impacto regional.

Rodríguez también cuestionó el rol de estas organizaciones, señalando que, a su juicio, no mantuvieron la misma postura frente a hechos de violencia que afectaron a la población salvadoreña en años anteriores.

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