El Gobierno de Estados Unidos anunció este 26 de febrero nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, a quienes acusa de promover la inestabilidad regional mediante la consolidación del poder de la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como de mantener abusos sistemáticos contra la población.
En un comunicado, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que desde 2018 el régimen “ha reprimido violentamente protestas pacíficas, detenido injustamente, torturado y asesinado a opositores políticos”, además de perseguir al clero católico y silenciar a medios independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Los sancionados incluyen al director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el general retirado Denis Membreño Rivas y el comisionado policial Aldo Martín Sáenz Ulloa; la ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez; la subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), Celia Margarita Reyes Ochoa; y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército de Nicaragua, general Leonel José Gutiérrez López.
Washington sostuvo que reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo han permitido castigar a adversarios políticos y ampliar la supervisión y control de los sistemas de telecomunicaciones, fortaleciendo el aparato de vigilancia y el control sobre la disidencia. “Las personas sancionadas lideran agencias responsables de estos actos de represión”, añadió Pigott.
La Administración estadounidense reiteró que empleará “todas las herramientas diplomáticas y económicas” para enfrentar a quienes considera una amenaza a su seguridad nacional en el hemisferio y volvió a exigir la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos en Nicaragua.
Con estas medidas, Estados Unidos incrementa la presión sobre Managua en medio de crecientes tensiones diplomáticas y denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.