La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó este jueves al Parlamento y a los órganos responsables del seguimiento jurídico a dar “máxima celeridad” a la implementación de la histórica ley de amnistía aprobada por unanimidad, destinada a beneficiar a presos políticos en el país suramericano.
Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores a la comisión parlamentaria que supervisará el cumplimiento del proceso, integrada por 23 diputados, y firmó la legislación para su próxima publicación en la Gaceta Oficial y entrada en vigencia.
Durante el acto, la mandataria señaló que la nueva normativa no solo busca excarcelar a personas detenidas por razones políticas, sino también evaluar casos que no estén contemplados en el texto legal, con el propósito de “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y reforzar el sistema de justicia.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la ley puede sentar bases para construir un nuevo camino de paz y reconciliación, aunque grupos opositores han expresado dudas sobre su alcance y aplicación concreta.
La legislación cubre hechos ocurridos entre 2002 y 2025 y excluye a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o delitos graves, según observadores y organizaciones de derechos humanos.
En el contexto de la medida, representantes internacionalistas han reaccionado al desarrollo político: por ejemplo, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció que solicitará a la Unión Europea el levantamiento de sanciones contra la presidenta encargada tras la aprobación de la ley.
La ley de amnistía se enmarca en lo que Rodríguez ha descrito como un “nuevo momento político” en Venezuela, tras una etapa de cambios en la conducción del Ejecutivo y liberaciones parciales de presos políticos desde inicios de enero de 2026.