Una jueza federal de Estados Unidos resolvió este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrá volver a detener al ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García, al concluir que el plazo legal de 90 días para su retención ya expiró y que el Gobierno no cuenta con un plan concreto y viable para deportarlo.
La decisión fue emitida por la jueza de distrito Paula Xinis, quien amplió así una resolución previa favorable al migrante, cuyo caso ha estado marcado por una serie de controversias desde que fue expulsado por error a El Salvador durante la administración del presidente Donald Trump.
En su fallo, la magistrada señaló que el ICE había realizado advertencias reiteradas sobre una eventual deportación a países africanos sin que existiera una posibilidad real de concretarla en el corto plazo, por lo que no hay fundamentos suficientes para considerar que su expulsión sea inminente.
El Gobierno había planteado como alternativas el envío del salvadoreño a Costa Rica o, en su defecto, a naciones africanas como Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia, dentro de su política de endurecimiento migratorio. No obstante, en 2019 un juez de inmigración determinó que Ábrego García no podía ser deportado a El Salvador debido al riesgo que enfrentaba por amenazas de pandillas contra su familia.
A pesar de esa protección, el migrante fue deportado el año pasado —error que posteriormente fue reconocido por las autoridades— junto a otros extranjeros, incluidos venezolanos, hacia una prisión de máxima seguridad. Tras una orden judicial y presión pública, regresó a Estados Unidos en junio, luego de que fiscales federales presentaran cargos en su contra por presunto tráfico de personas en Tennessee, acusación de la que se declaró inocente.
Sus abogados solicitaron una orden de restricción temporal para impedir una nueva detención, petición que fue acogida por la jueza. En una resolución anterior, Xinis ya había determinado que su arresto carecía de base legal, en parte porque no existía una orden formal de deportación vigente al momento de su expulsión inicial.
Se prevé que el Ejecutivo estadounidense apele la decisión judicial mientras continúa el proceso legal en curso.