El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió en Madrid la permanencia del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, al asegurar que su continuidad cuenta con un respaldo del 96 % de la población salvadoreña.
Durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, el funcionario sostuvo que la medida responde a una demanda ciudadana para consolidar los avances en seguridad y rechazó que se hayan vulnerado libertades públicas. Aunque reconoció que los regímenes excepcionales no deben convertirse en permanentes, argumentó que su prórroga obedece al contexto de combate a las pandillas.
El régimen fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele, inicialmente por un período de 30 días y desde entonces ha sido renovado mensualmente. Según datos citados por Ulloa, más de 91,000 personas han sido encarceladas bajo esta disposición.
En su intervención, el vicepresidente cuestionó las recomendaciones de organismos internacionales —entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— que han solicitado levantar la medida. Planteó que la decisión debe responder a la voluntad popular y no a presiones externas.
Ulloa destacó lo que denominó como “el milagro de la seguridad” alcanzado en el país, aunque admitió que se han producido errores en la aplicación del régimen. Afirmó que algunas personas inocentes fueron detenidas, pero aseguró que alrededor de 8,000 ya han sido liberadas tras comprobarse su situación.
Asimismo, defendió la legalidad de las acciones adoptadas por el Ejecutivo, insistiendo en que todas las medidas implementadas cuentan con respaldo normativo. Frente a los señalamientos de la CIDH, que ha reportado miles de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos —incluidas detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal—, el vicepresidente desestimó la veracidad de los informes y sostuvo que no han sido corroborados en el terreno.
Finalmente, Ulloa expresó su respaldo a las políticas migratorias de Estados Unidos y negó que existan prácticas de tortura o malos tratos contra migrantes deportados a territorio salvadoreño.