Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la creación del Instituto de Educación Superior de la Fiscalía General de la República (FGR), entidad que funcionará bajo un marco legal propio y que podrá certificar competencias tanto de personal fiscal como de otros profesionales que posean grado académico.
Durante la discusión, el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, solicitó una modificación al artículo 3, literal “e”, para especificar que la certificación también aplicará a “otros profesionales con grado académico” que participen en los programas formativos del Instituto. La redacción aprobada establece que estas acreditaciones deberán cumplir estándares de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió que se aclarara el alcance de la incorporación de esa frase, sin que se brindara una explicación en el pleno.
Por su parte, la legisladora Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, señaló que el proyecto busca proyectar una oferta académica hacia el ámbito internacional y permitir la formación de delegaciones extranjeras, quienes podrían recibir títulos avalados desde su graduación, sin trámites adicionales. No obstante, indicó que en una primera etapa los programas estarán dirigidos exclusivamente al personal de la FGR.
La normativa consta de siete artículos y faculta al Instituto para impartir diplomados, maestrías y doctorados. Además, ordena al fiscal general emitir en un plazo de 30 días el reglamento que definirá planes de estudio, requisitos de ingreso y graduación, así como el régimen del personal docente y administrativo.
La Fiscalía informó que ya cuenta con infraestructura destinada al proyecto, incluyendo aulas, un laboratorio informático y un salón de simulación de audiencias, dentro del nuevo edificio institucional financiado con préstamos del BCIE por $44 millones. También ha suscrito convenios de cooperación con entidades como el gobierno de China y el Ministerio Público de Río de Janeiro.
En El Salvador, la Ley de Educación Superior establece que las instituciones de este nivel deben ser creadas mediante decreto legislativo o ejecutivo en el ramo de Educación, y cumplir requisitos académicos y administrativos establecidos por el Ministerio de Educación.